Lo esencial es invisible a los ojos

Al parecer el efecto Manuel Adorni, que sería algo así como la versión 2.0 de la labor de Gabriela Cerruti, y que nos remite a memorables eventos como por ejemplo cuando Jorge Capitanich rompió un diario porque no le gustaba lo que decía para tiempo después arrepentirse, caló hondo en la redefinición tardía de la segunda gestión del Intendente Guillermo Montenegro.

Todo parece indicar que el alcalde tomó nota del malestar social ante una innegable merma en la intensidad que intentó imprimirle a los primeros cuatro años de su gestión y en plena metamorfosis libertaria decidió “dar la cara”. Es verdad que vivimos épocas turbulentas en la que se están quemando todos los manuales, pero la sobreexposición nunca es aconsejable porque altera las expectativas y algunas veces la vara se dispara a lugares impensados.

El Intendente Guillermo Montenegro hace de su persona un culto de gestión, y la exposición debe ser muy cuidada porque no hay mucho más que un par de estudios de opinión pública favorables: si ante algún error comunicacional la imagen del jefe comunal baja la gestión no construyó resortes o fusibles.

En términos conservadores (o realistas) el malestar social no se liga a la ausencia pública de un determinado gestor de la cosa pública, sino a la ausencia del Estado como un todo capaz de brindar a la ciudadanía una serie de respuestas frente a determinadas demandas, ante la imposibilidad de colmar esas expectativas se suele recurrir al personalismo e incluso es habitual que ante semejante grado de exposición exista una percepción mesiánica como contracara de la imagen resolutiva. No somos de regalar consejos pero le sugerimos al entorno del alcalde que lo cuiden porque cuidándolo a él nos estamos cuidando todos.

En su última intervención Montenegro decidió escalar el conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales un enemigo a la medida de los tiempos que corren, ya que la definición de “casta” parece haber sufrido una nueva mutación: la “casta” son los empleados públicos y no aquellos que facilitaron su nombramiento o ingreso en determinado momento.

En su alocución el alcalde anunció con bombos y platillos un proyecto para declarar de carácter esencial todas las tareas realizadas por empleados/as sujetos/as al régimen de empleo público del ámbito municipal y funcionarios públicos municipales, tanto de la administración centralizada como de los distintos entes municipales, ello así no obstante la existencia de los distintos regímenes particulares a que se hallen sujetos/as en función de las características propias de su labor.

¿Qué significa el rimbombante pronunciamiento? Que los empleados y funcionarios referidos en tanto realicen estas tareas consideradas esenciales no podrán llevar adelante medidas que impliquen la suspensión o interrupción de las mismas.

El último párrafo de los fundamentos indica que esta medida “no implica de ninguna manera desnaturalizar el derecho de los trabajadores a reclamar, consagrado en la Constitución, sino que estos deberían ejercer este derecho a través de otros caminos que no impliquen el cese de tareas y la vulneración del interés público”.

Ante esta afirmación es oportuno recurrir a la Constitución Nacional, que en su artículo 14 bis establece la “protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática” y garantiza a los gremios “concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga”.

Quizás también sería una buena oportunidad para repasar el Informe de la OIT “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2023: El valor del trabajo esencial” en el que la Organización Internacional del Trabajo hace un llamado a los gobiernos y empleadores para invertir en los sectores clave y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores esenciales enfatizando la importancia de garantizar lugares de trabajo seguros y saludables, la igualdad de trato para todas las modalidades contractuales, horarios de trabajo racionales y políticas salariales que valoren adecuadamente su labor.

La iniciativa vernácula se vincula estrechamente con lo establecido en el Decreto 70/2023 que dispone declarar servicio esencial a la educación para evitar los paros. El artículo en cuestión es el 97 del Capítulo IX, titulado “servicios esenciales”, que sustituye el punto 24 de la Ley 25.877 de Régimen Laboral, que ya establecía la esencialidad de los “servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control del tráfico aéreo”.

El Inciso F categoriza como servicio esencial a la “educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.

Según la ley original ahora modificada, los servicios esenciales debían garantizar “la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción” en casos de medidas de fuerza. En el decreto se establece que “en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75 por ciento de la prestación”.

La cuestión relacionada a la esencialidad de la educación fue una de las pocas propuestas de campaña del PRO, por lo que sería comprensible que el jefe comunal decida implementar alguna medida similar o al menos enfatizar el camino deseado, pero el proyecto va más allá y ni siquiera, quizás porque está fuera de su alcance, dispone una cobertura mínima, es decir limita de manera taxativa el derecho a huelga de los trabajadores municipales.

No caben dudas que asistimos a una medida efectista que seguramente busca sentar nuevas bases para una futura continua negociación con los trabajadores municipales en un contexto recesivo y ante la inminente e inocultable crisis en las finanzas municipales, pero de no ser así y si el proyecto llega al deliberativo el oficialismo contaría a priori con los votos para aprobarlo. ¿Contaría con los votos para aprobarlo? Una vez más la clave serían los 5 ediles radicales que a juzgar por la dinámica legislativa suponemos que apoyarán la medida así como han apoyado todos los proyectos enviados por el Departamento Ejecutivo.

Pero más allá de todo este análisis, sería conveniente que los funcionarios que simulan cólera en sus declaraciones se tranquilicen y pregunten a sus vecinos si notaron que los municipales tomaron una medida de fuerza de 48 horas hace apenas una semana: seguramente la respuesta les sorprendería y dejaría en evidencia la intrascendencia de un anuncio codificado en clave de sumisión metodológica e ideológica y disfrazado de relanzamiento de gestión.

Llegamos al final de la columna. Esperamos haya sido de su agrado y recordamos que el diálogo es la herramienta para construir una sociedad mejor, o por lo menos eso creíamos hasta que la posverdad tomó por asalto la agenda.

Hasta la próxima.