Zona Fría: vecinos, organizaciones, gremios y dirigentes multiplican acciones en Mar del Plata contra la quita del beneficio al gas

La defensa de Mar del Plata dentro del Régimen de Zona Fría sumó un nuevo capítulo con la convocatoria a una jornada de recolección de firmas que se realizará este lunes en la sede de la Liga de Amas de Casa, Avenida Independencia 1190, donde vecinos y organizaciones buscarán expresar de forma masiva el rechazo a las modificaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei sobre el esquema de subsidios al gas.

La iniciativa, que invita a la comunidad a movilizarse para proteger un beneficio considerado esencial en una ciudad atravesada por bajas temperaturas durante gran parte del año, refleja cómo el rechazo a una eventual quita de subsidios dejó de ser una discusión sectorial para convertirse en una causa cada vez más transversal en General Pueyrredon.

Esta nueva acción se suma a la campaña lanzada por la Defensoría del Pueblo local, que en menos de una semana superó las 7.000 firmas y comenzó a expandirse hacia otras ciudades del centro y sur bonaerense. Desde ese espacio insisten en que la inclusión de Mar del Plata en la Ley 27.637 respondió a criterios climáticos objetivos y advierten que cualquier recorte implicaría un golpe directo sobre jubilados, trabajadores y sectores medios.

En paralelo, el rechazo también escala en el plano político. Fernanda Raverta presentó en el Senado bonaerense un proyecto para expresar oposición a la reforma, al considerar que modificar el régimen significaría desconocer desigualdades históricas y poner en riesgo el acceso equitativo a la energía. En la misma línea, el diputado provincial Diego Garciarena (UCR) elevó una iniciativa en Diputados para advertir sobre el impacto estructural que tendría el ajuste en ciudades como Mar del Plata.

La CGT Regional Mar del Plata-Batán también se sumó con fuerza, al señalar que más de 220 mil hogares podrían perder descuentos fundamentales en sus tarifas. Así, entre campañas vecinales, proyectos legislativos y presión sindical, la ciudad consolida un frente social, político e institucional cada vez más amplio para impedir que el costo del ajuste recaiga sobre un derecho básico: calefaccionarse.