El nuevo esquema limita los beneficios a determinadas regiones del país y deja a millones de usuarios expuestos a pagar la tarifa plena. Sin embargo, el Gobierno mantiene el cargo que financia el sistema y que se aplica sobre el consumo de gas en todo el territorio nacional.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con la reglamentación del nuevo régimen de Zona Fría, que reduce el alcance de los subsidios al consumo de gas y establece un sistema de asistencia focalizado. El cambio se produce mientras se mantiene el recargo de hasta el 7,5% destinado a financiar los beneficios, que continúa aplicándose en todo el país.
A través del Decreto 1266/2026, el Ejecutivo dispuso la continuidad del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas hasta 2031. El mecanismo seguirá financiándose mediante un cargo sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, calculado sobre los metros cúbicos consumidos o comercializados en el territorio nacional.
De esta manera, se conservará la fuente de financiamiento, aunque el universo de beneficiarios será menor. El recargo seguirá incorporado al esquema tarifario incluso en las zonas donde los usuarios ya no tendrán acceso a los descuentos de Zona Fría.
Menos regiones con descuentos
La nueva normativa restringe la cobertura del régimen a la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna. En consecuencia, distintas zonas de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, San Juan, San Luis y Mendoza quedaron fuera del beneficio que se había extendido en años anteriores.
Los usuarios excluidos podrán solicitar otras bonificaciones si cumplen con los requisitos establecidos para el nuevo esquema de subsidios focalizados, destinado a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales. También se mantienen beneficios para pensionados, veteranos de la Guerra de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Según estimaciones oficiales basadas en datos de ENARGAS y de la Secretaría de Energía, entre 1,6 y 2 millones de usuarios podrían quedar expuestos a pagar la tarifa plena.
La modificación representa un cambio en una política que había ampliado su alcance territorial y que ahora vuelve a concentrar la asistencia en las regiones consideradas prioritarias por sus condiciones climáticas.