Vecinos de Playa Grande rechazaron los cambios en la ordenanza de espectáculos públicos

Vecinos de Playa Grande presentaron una nota dirigida al intendente Agustín Neme para manifestar su “rotunda oposición” al proyecto que impulsa modificaciones en la ordenanza 14.000, normativa que regula los espectáculos públicos en la ciudad desde hace más de dos décadas.

La iniciativa, que ya comenzó a debatirse en el Concejo Deliberante, propone habilitar la presencia de DJs, música en vivo y la posibilidad de bailar en distintos ámbitos, incluidos locales gastronómicos, bares y espacios comerciales.

En el escrito, los vecinos señalaron su “preocupación” por los cambios planteados y advirtieron sobre los antecedentes conflictivos registrados años atrás en la zona de Alem y Playa Grande. “Los conflictos del pasado fueron precisamente por este tipo de habilitaciones”, expresaron.

Además, cuestionaron la capacidad de control del Estado municipal sobre este tipo de actividades. “Tenemos sobradas experiencias de la ineficiencia de controles por parte de los organismos del Estado una vez habilitados este tipo de locales”, afirmaron en la nota.

Los firmantes recordaron además que la propia Defensoría del Pueblo de la Nación había advertido sobre el impacto ambiental y la contaminación urbana vinculada a la nocturnidad en Playa Grande, a través de una resolución emitida en 2008.

En ese sentido, remarcaron que la calle Alem, que durante años fue escenario de conflictos entre residentes y actividades nocturnas, hoy se encuentra “completamente saneada” de esa problemática y sostuvieron que el nuevo proyecto “amenaza” ese equilibrio alcanzado.

También mencionaron una carta de intención firmada en 2008 entre el Gobierno bonaerense, la Municipalidad, el Consorcio Portuario y comerciantes de Playa Grande, donde se reconocía que la actividad nocturna en la zona había generado “una situación altamente conflictiva”.

Por último, los vecinos reclamaron a los concejales que “desestimen” la modificación de la ordenanza 14.000 y advirtieron que la iniciativa “solo beneficia a un sector” mientras pone en riesgo “la calidad de vida” de amplios sectores residenciales de la ciudad.