En respuesta a la apelación del municipio, vecinos del barrio Stella Maris, representados por organizaciones civiles, denunciaron ante la Justicia irregularidades en la autorización del polémico proyecto inmobiliario. Cuestionan la falta de transparencia, la afectación patrimonial y posibles conflictos de interés en el estudio ambiental.
La disputa judicial por el proyecto de construcción de una torre de 35 pisos y 130 metros de altura en el barrio Stella Maris sumó un nuevo capítulo esta semana. Luego que la Municipalidad apelara la medida cautelar que frenó provisoriamente el inicio de la obra, los vecinos presentaron su respuesta ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, advirtiendo sobre irregularidades en el otorgamiento de los permisos.
Representados por las organizaciones Mirada Ciudadana y Surfrider, los vecinos sostuvieron que la ordenanza que habilitó la construcción en altura “se basa en indicadores secretos”, aludiendo a planos preliminares que no son públicos ni accesibles. “Esto representa una violación al principio de publicidad de las normas y a la transparencia del Estado. Los ciudadanos no pudieron participar ni acceder a la información esencial para el ordenamiento urbano”, remarcaron.
Los vecinos aseguraron en la presentación que no se hizo mención alguna al grado de protección del chalet María Frers de Mahn, inmueble afectado y que será demolido. Diseñado en 1937 por el reconocido arquitecto Alberto Rodríguez Etcheto, el chalet forma parte del patrimonio arquitectónico local.
“El Código de Preservación Patrimonial no otorga carta blanca para torres a cambio de conservar un bien patrimonial”, afirman en el escrito judicial, y recuerdan que tampoco intervino la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial, que debe expedirse antes de aprobar este tipo de excepciones. “Esa comisión no está integrada, pese a un petitorio con más de 800 firmas entregado al intendente”, denunciaron.
Otro punto crítico señalado es la presencia de posibles conflictos de interés. Los vecinos denuncian posibles intereses con un funcionario de la gestión.
Ahora, la Cámara integrada por los jueces Mora, Ucin y Riccitelli deberá definir si ratifica o revoca la medida cautelar dispuesta por el juez Marcos Isacch, quien suspendió la vigencia de la ordenanza que autorizaba el desarrollo.