Subzona Militar 12: Fiscalía califica los hechos como crímenes de lesa humanidad

A más de dos años y medio del inicio del proceso judicial, el Ministerio Público Fiscal avanza en su alegato en el juicio que involucra a 35 exintegrantes de las fuerzas armadas, de seguridad y un civil, acusados ​​por crímenes de lesa humanidad en la Subzona Militar. 12. La fiscalía, encabezada por Santiago Eyherabide, afirmó que los hechos probados son parte de un plan sistemático de represión estatal durante la dictadura militar, configurando delitos de lesa humanidad.

«Se ha probado de manera indiscutible que los hechos en cuestión fueron cometidos por el aparato estatal y constituyen crímenes de lesa humanidad», subrayó Eyherabide en su exposición ante el tribunal. El juicio, que comenzó en febrero de 2022, abarca crímenes cometidos en Tandil, Azul, Olavarría, Loma Negra y otras localidades del centro bonaerense, afectando a 138 víctimas.

La magnitud de la represión

El fiscal resaltó la gravedad de la represión en la Subzona 12, con secuestros, torturas y desapariciones que afectarán a gran parte de la población civil. De los 51 imputados originales, solo 35 llegaron a esta instancia, ya que varios fallecieron o quedaron incapacitados. Esto dejó 53 casos sin responsables en juicio, una situación que Eyherabide calificó de «especial trascendencia».

Uno de los casos más resonantes fue el acusado Héctor Eduardo Bernadou, quien falleció durante el juicio y era el único imputado en muchos de los crímenes. «Numerosas víctimas han quedado sin la posibilidad de que los responsables escuchen una sentencia», lamentó el fiscal, aunque solicitó que el tribunal se pronuncie sobre los hechos probados contra Bernadou como parte del derecho a la verdad y la reparación de las víctimas.

El juicio, 45 años después

El Ministerio Público planteó una pregunta clave en el juicio: «¿Por qué estamos juzgando estos hechos 45 años después?» La respuesta, según Eyherabide, radica en la necesidad de que el sistema de justicia responda al horror cometido, «porque es una cuestión jurídica fundamental, preocupante a las normas constitutivas de nuestra república». Citando al filósofo español George Santayana: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”, el fiscal destacó la importancia de conocer y juzgar estos hechos para evitar que el terrorismo de Estado se repita.

Los acusados ​​y el circuito represivo

Entre los imputados se encuentran tanto autores mediatos que transmitieron órdenes como ejecutores directores de los crímenes. Eyherabide mencionó que muchos de ellos contaban con un poder visible en sus localidades, lo que provocaba temor entre las víctimas, incluso años después de los hechos. «Además de seguir viendo a los victimarios, las víctimas tenían que reportarse periódicamente ante ellos», reveló.

El juicio continuará en los próximos días, con la esperanza de que las víctimas, ahora 50 años mayores, encuentren algo de justicia y reparación. «Esas víctimas viven esta instancia con la esperanza de que el horror vivido no quede impune y que se haga justicia», concluyó Eyherabide.