El abogado de Mirada Ciudadana cuestionó el ingreso de “Perfeta Producciones” al negocio del Minella y aseguró que se trata de un “grupo supuestamente salvador” cuya situación financiera se agravó desde su llegada. “Es exactamente lo contrario a lo que se esperaba”, afirmó.
La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y espacios del Parque Municipal de los Deportes sumó una nueva presentación de la ONG Mirada Ciudadana, que amplió la denuncia y pidió profundizar distintas hipótesis delictivas.
El escrito fue presentado por César Ventimiglia, con el patrocinio del abogado César Sivo, a partir del análisis de documentación incorporada al expediente y de un relevamiento realizado por la organización en Mar del Plata y San Pablo.
En diálogo con LoQuePasa.net, Sivo sostuvo que además de profundizar la investigación penal solicitaron que se analice la intervención de la Justicia Federal, particularmente por la posibilidad de que existan maniobras vinculadas al lavado de activos.
Uno de los puntos centrales señalados por el abogado es la situación generada a partir del pedido de Minella Stadium S.A. para transferir el 87,5% de su paquete accionario a Perfeta Producciones S.A., firma vinculada al empresario Marcelo Fígoli. La operación deberá ser analizada por una comisión especial creada por la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda del Municipio.

Para Sivo, el ingreso de Perfeta Producciones genera fuertes interrogantes. Afirmó que «la empresa figura en el sistema bancario argentino con nivel 5, considerado irrecuperable, y que registra una deuda de alrededor de $42 millones. La idea del apalancamiento económico no se compadece en lo más mínimo con la situación económica que tiene esa empresa”, cuestionó.
El abogado también sostuvo que desde la llegada de este grupo la situación financiera se habría agravado, al señalar que “la deuda pasó de unos $220 millones al momento de asumir a $635 millones en cheques rechazados”.
“Es exactamente lo contrario a lo que se esperaba”, afirmó Sivo al referirse al grupo que, según planteó, aparecía como una alternativa para sostener económicamente la concesión.
Además, remarcó que el contrato establece que cualquier modificación del directorio o transferencia accionaria superior al 50% requiere autorización municipal, por lo que consideró relevante determinar cómo se concretaron los cambios societarios.
Sivo también cuestionó el nivel de inversiones realizadas y estimó que la concesionaria ya habría recaudado cerca de $3.000 millones, mientras todavía no habría concretado las obras comprometidas. En ese sentido, planteó la hipótesis de que los ingresos obtenidos por los espectáculos podrían terminar financiando las inversiones previstas.
Finalmente, sostuvo que la investigación debería avanzar hasta determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y dirigentes políticos que participaron en el proceso de concesión. “Acá hay empleados que hicieron de menos, pero hicieron de menos sin duda, porque alguien les dijo que era necesario hacer eso”, afirmó.