Sin plata para sueldos: el dilema que enfrenta la gestión municipal

La gestión municipal de Agustín Neme enfrenta, quizá, su prueba más compleja desde que asumió: no hay dinero en caja para pagar los sueldos de los trabajadores municipales. Es un dato duro, incontrastable, que expone con crudeza la fragilidad financiera del Municipio y que se replica, con matices, en buena parte de los distritos bonaerenses.

El problema no es nuevo, pero sí el contexto. Neme heredó una situación crítica, agravada por la caída de la recaudación, el ajuste nacional y una relación institucional profundamente dañada con el gobierno provincial. Todo ello en medio de una interna feroz dentro del PRO marplatense, donde el exintendente Guillermo Montenegro, hoy de licencia, continúa muy activo políticamente y eclipsa la figura de su sucesor.

Frente a este panorama, las opciones disponibles son pocas y todas presentan costos elevados. Una de ellas es recurrir a un descubierto en el Banco Provincia, una herramienta utilizada en más de una ocasión durante la gestión Montenegro. Sin embargo, esta alternativa requiere aval del gobierno bonaerense y, con un vínculo “detonado” con el gobernador Axel Kicillof, aparece como casi imposible. A eso se suma que el descubierto debe devolverse en apenas 15 días y suele ser observado con lupa por el Tribunal de Cuentas, ya que implica tasas de interés sensiblemente superiores al promedio. Un debut más que incómodo para Neme, con el organismo de control siguiendo cada movimiento.

Otra carta ya conocida es solicitar anticipos a entidades de recaudación. En Mar del Plata existe una empresa de peso en ese rubro que, en el pasado, adelantó fondos al Municipio, recuperándolos luego a través del cobro de tasas. Hoy, esa posibilidad parece lejana por distintas razones.

La tercera alternativa apunta a “raspar el fondo de la olla”: recurrir a cajas con fondos disponibles. En ese esquema aparece Obras Sanitarias, una opción que genera máxima alerta tanto en la empresa como en el gremio que representa a sus trabajadores, que ya advierten sobre el riesgo de desfinanciarla para cubrir gastos corrientes del Ejecutivo. Varios intendentes buscaron esa opción sin éxito.

También se baraja, aunque con escasas chances de prosperar, que la empresa 9 de Julio, responsable de la recolección de residuos, acepte diferir el cobro mensual de su contrato y, de ese modo, funcione como financista indirecta de los sueldos del personal. Una hipótesis que en los hechos parece altamente improbable.

Otra salida de emergencia sería impulsar un pago anticipado anual de tasas para intentar recaudar fondos frescos durante los primeros días de enero. Pero incluso en el propio oficialismo admiten que sería una apuesta a la suerte, en un contexto social y económico donde a los vecinos les cuesta cada vez más cumplir con sus obligaciones.

En paralelo, también se tiene a mano la utilización de fondos afectados para cumplir con el pago a los docentes municipales, algo que ya hizo Montenegro, una decisión que abre interrogantes legales y administrativos.

Con el calendario corriendo en contra y sin soluciones sencillas a la vista, la gestión Neme camina por una cornisa. El pago de salarios no es solo un problema financiero: es un test político que pone en juego la gobernabilidad, la relación con los trabajadores y la capacidad del Ejecutivo para ordenar una herencia pesada en medio de una crisis que ya no admite maquillaje.