La Provincia y el Municipio no lograron alcanzar un acuerdo pese a reconocer avances durante las negociaciones. El juez Simón Isacch deberá resolver la cautelar presentada por la comuna contra la licitación impulsada por el gobierno bonaerense.
La instancia de conciliación judicial entre la Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires por el futuro del complejo Punta Mogotes llegó a su fin sin un acuerdo. Luego de más de dos meses de conversaciones, el juez Simón Isacch dispuso la reanudación de los plazos procesales y dejó nuevamente el conflicto en manos del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata.
La última audiencia se había realizado el 31 de agosto. En ese encuentro, las partes solicitaron otras 72 horas para intentar acercar posiciones y avanzar hacia un entendimiento. Sin embargo, vencido ese plazo, no lograron consensuar una salida conjunta.
Con el cierre de la conciliación, Isacch quedó habilitado para avanzar sobre la medida cautelar presentada por el Municipio a mediados de año. La comuna pretende frenar el proceso licitatorio impulsado por la Provincia para los 24 balnearios del complejo y cuestiona, entre otros puntos, la extensión de las concesiones hasta abril de 2027.
El conflicto tiene además una discusión de fondo: el Municipio reclama cancelar la deuda existente con la Administración Punta Mogotes (APM) para concretar el traspaso del complejo a la órbita de General Pueyrredon.
Actualmente, la Administración de Mogotes está integrada en un 70% por la Provincia y en un 30% por la Municipalidad. La comuna inició en agosto de 2024 las gestiones para recuperar el control del predio, pero el rechazo bonaerense derivó en la judicialización del conflicto.
En mayo, la gestión de Axel Kicillof anunció un esquema que contempla obras de modernización y una posterior transferencia del complejo al Municipio. La administración provincial avanzó además con la prórroga de las concesiones y la convocatoria a una licitación, mientras que el Ejecutivo local buscó judicialmente impedir cualquier modificación del esquema hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Ahora, será la Justicia la que deberá destrabar el escenario. La primera definición estará vinculada con la cautelar, mientras continúa pendiente la resolución sobre el reclamo principal por el control definitivo de Punta Mogotes.