La suba fue oficializada por decreto y alcanza a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo. Desde ATE denunciaron que el Gobierno se aumenta los sueldos mientras mantiene el ajuste sobre los trabajadores estatales y profundiza el recorte de personal.
Con la firma del Decreto 931/25, el presidente Javier Milei oficializó un fuerte aumento salarial para los funcionarios del Gobierno nacional y desató una ola de críticas por parte de los sindicatos estatales. Según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la norma implica un incremento acumulado del 89,8% en los haberes de ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo.
La medida se conoció luego de una serie de rumores vinculados al salario presidencial y fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. El decreto amplía el alcance de las actualizaciones salariales acumuladas durante las negociaciones paritarias de 2025, incorporando los porcentajes otorgados entre enero de 2024 y julio de 2025. A partir de ahora, esos aumentos se aplicarán de manera automática a los funcionarios jerárquicos del Ejecutivo.
“Estamos frente a un salariazo de la patronal”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza la decisión del Gobierno. “Es inaceptable que tengan la impunidad de aumentarse sus sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes”, agregó el dirigente sindical, en referencia al deterioro del poder adquisitivo de los empleados públicos y al congelamiento salarial que atraviesa el sector.
En el mismo decreto, el Gobierno nacional instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a crear “un nuevo sistema de empleo público en el ámbito del sector público nacional”. Aunque todavía no se conocieron los detalles, la administración libertaria adelantó que buscará implementar mecanismos de ingreso por mérito, evaluaciones periódicas de desempeño, movilidad basada en competencias y esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad y las funciones.
Salariazo y ajuste
La decisión se da en un contexto de fuerte ajuste sobre el Estado. Desde la asunción de Milei, se destruyeron más de 60 mil puestos de trabajo en el sector público, junto con la eliminación de ocho ministerios, 110 secretarías y subsecretarías y 409 direcciones nacionales. Según cifras oficiales, estas medidas habrían generado un ahorro cercano a los 3,4 billones de pesos por año.
Además, este viernes también se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 934/25, que prohíbe nuevas designaciones y contrataciones de personal en el Sector Público Nacional, bajo cualquier modalidad. La norma contempla excepciones para áreas consideradas estratégicas o con regímenes especiales, como universidades nacionales, Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, guardaparques nacionales, hospitales e institutos de investigación del Ministerio de Salud, entre otros.
En esos casos excepcionales, el decreto establece una relación de dos bajas por cada alta, computando renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalización de contratos que se produzcan durante 2026.
Mientras el Gobierno celebra el ajuste fiscal y el achicamiento del Estado, el aumento salarial para la cúpula del Ejecutivo reavivó la tensión con los gremios y dejó expuesta una contradicción que alimenta el conflicto: salarios en alza para los funcionarios y ajuste para los trabajadores.