Reforma laboral: el nuevo borrador del Gobierno redefine vacaciones, indemnizaciones, despidos y habilita los “bancos de horas”

En medio de las conversaciones —y tensiones— entre el Gobierno, cámaras empresarias y gremios, comenzó a tomar cuerpo un nuevo borrador del proyecto de reforma laboral. El documento, discutido dentro del Consejo de Mayo, detalla una serie de transformaciones que el oficialismo considera centrales para “modernizar” las relaciones de trabajo, pese al rechazo explícito de las centrales sindicales.

El texto propone revisiones en puntos sensibles de la legislación: vacaciones, jornada laboral, sistemas de indemnización, enfermedades, remuneraciones y nuevas reglas para plataformas digitales. También incorpora herramientas de flexibilidad, como los “bancos de horas”, que deberán ser negociados dentro de los convenios colectivos.

Uno de los capítulos más relevantes es el referido a las vacaciones. El borrador mantiene los días establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo, pero habilita que empleador y trabajador acuerden la ampliación del descanso anual. También contempla la posibilidad de dividir el período vacacional para adaptarlo a necesidades familiares o productivas. La comunicación de la fecha de inicio deberá realizarse con 45 días de anticipación, salvo que los convenios de cada actividad definan otro sistema.

Otro eje es la reorganización del tiempo de trabajo. El proyecto autoriza la creación de “bancos de horas” y modalidades de compensación, siempre bajo negociación colectiva y respetando los descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales. Las actividades podrán computar horas en base a promedios semanales o mensuales, evitando que la carga laboral supere los límites legales.

En materia de indemnizaciones, la propuesta introduce un viraje importante: los convenios colectivos podrán reemplazar el sistema tradicional por fondos o seguros de cese laboral, financiados con aportes mensuales de las empresas. El objetivo, según el borrador, es dar previsibilidad a los costos de despido y aliviar a las pymes. Además, define con precisión qué conceptos integran la base de cálculo, excluyendo premios extraordinarios y sumas de carácter transitorio.

El capítulo de despidos distingue claramente entre cesantías con causa y sin causa, estableciendo un procedimiento de notificación electrónica y un catálogo de motivos válidos para el despido justificado. En los casos sin causa, se mantiene el esquema de un mes de sueldo por año trabajado, tomando como referencia la mejor remuneración mensual habitual.

El proyecto también encuadra las enfermedades inculpables y profesionales, con la incorporación obligatoria de certificados médicos digitales y un sistema centralizado de control. Se precisan los pasos a seguir en casos de incapacidad permanente y se refuerza el derecho del trabajador a optar por la reincorporación cuando una sentencia declare ilegítimo el despido.

Otro punto innovador es la regulación del trabajo en plataformas de reparto, que reconoce la relación laboral entre las aplicaciones y los repartidores. Establece la obligatoriedad de registración, aportes previsionales, seguros contra accidentes y negociación colectiva sectorial.

Las remuneraciones, por su parte, incorporan una definición más estricta de salarios computables, habilitan componentes fijos y variables, digitalizan la documentación laboral y fijan un mecanismo extraordinario de actualización alineado con las paritarias.

Con estos lineamientos, el Gobierno busca avanzar hacia una reforma integral que, de aprobarse, modificaría pilares centrales del esquema laboral argentino. Entretanto, los gremios anticipan una confrontación abierta y el debate promete extenderse.