Durante el debate por la creación de la Mesa de Política Criminal y Políticas Locales de Seguridad, el concejal del PRO Marcelo Cardoso respaldó el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado, pero reclamó que los sectores cercanos al gobierno bonaerense gestionen más efectivos, móviles y recursos para la ciudad.
La Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante avanzó este jueves con el tratamiento del proyecto para crear una Mesa de Política Criminal y Coordinación de Políticas Locales de Seguridad, una iniciativa que busca fortalecer el trabajo conjunto entre distintos organismos vinculados a la prevención y abordaje del delito.
Durante el debate, el bloque oficialista optó por abstenerse en la votación y propuso que el expediente continúe su recorrido en la Comisión de Legislación para analizar distintos aspectos de la iniciativa.
En representación del PRO, el concejal Marcelo Cardoso aseguró que el municipio mantiene la voluntad de trabajar de manera articulada con la Provincia, la Nación y la Justicia para enfrentar los problemas de seguridad que afectan a los vecinos.

“Nosotros no vamos a eludir el trabajo en conjunto, lo contrario. El municipio siempre estará dispuesto a coordinar acciones con la Provincia, con la Nación y con la Justicia, porque justamente los vecinos necesitan soluciones y no enfrentamientos políticos”, sostuvo.
No obstante, el edil remarcó que la cooperación institucional no debe impedir los reclamos por mayores recursos para General Pueyrredon. En ese sentido, señaló que “la ciudad necesita más efectivos policiales, patrulleros, equipamiento y una mayor inversión provincial acorde a su dimensión y complejidad. Quienes tienen llegada a la Provincia deberían hacerlo”.
Cardoso también cuestionó las discusiones políticas que suelen rodear la problemática de la inseguridad y advirtió que “los vecinos no esperan conferencias de prensa ni tampoco el cruce mediático”, sino respuestas concretas.
Respecto del proyecto en debate, expresó que comparte la necesidad de generar ámbitos de coordinación entre los distintos actores involucrados en la seguridad, aunque consideró necesario revisar algunos aspectos vinculados a las competencias de cada nivel del Estado y a la operatividad que podría tener el organismo.