La medida judicial no implica, por ahora, cambios sobre el proceso de licitación ni sobre los planes que la Provincia mantiene para el complejo. El magistrado solicitó documentación e informes antes de resolver el planteo cautelar impulsado por la Municipalidad.
El juez en lo Contencioso Administrativo, Simón Isaacch, resolvió solicitar informes a la Provincia de Buenos Aires y a la Administración de Punta Mogotes en el marco de la presentación realizada por la Municipalidad para reclamar previsibilidad sobre el futuro del complejo y que cualquier decisión tenga como prioridad a los marplatenses.
La resolución judicial, sin embargo, no modifica por el momento el esquema que viene impulsando el gobierno bonaerense en torno a las licitaciones y obras proyectadas para Punta Mogotes, sino que representa un paso previo antes de resolver la medida cautelar solicitada por el Municipio.
La presentación impulsada por la comuna se produjo luego de que desde la Provincia reconocieran públicamente la intención de que el complejo vuelva a la órbita de Mar del Plata, aunque paralelamente avanzaron anuncios vinculados a la licitacion del complejo.
En ese contexto, Isaacch nuevamente dictaminó a favor del municipio y aceptó la radicación de la causa por conexidad con otro expediente ya existente entre la Municipalidad y la Provincia, vinculado también al futuro de Punta Mogotes.
Además, el magistrado dispuso requerir tanto a la Provincia como a la Administración de Punta Mogotes que, en un plazo de cinco días, presenten informes relacionados con los hechos expuestos por el Municipio en su pedido cautelar.
La resolución judicial también exige que ambas partes remitan copia digitalizada de las actuaciones administrativas vinculadas a llamados a licitación, adjudicaciones o ejecución de obras dentro del complejo Punta Mogotes, incluyendo sus alcances y anexos.
Según se desprende del fallo, la Justicia todavía no avanzó sobre el fondo de la cuestión ni resolvió la cautelar solicitada por el Municipio, sino que entendió necesario contar con mayores elementos antes de tomar una definición.
En los fundamentos, el Juzgado señaló que primero debe analizarse si están presentes los requisitos legales para una medida cautelar, entre ellos la verosimilitud del derecho invocado, la posibilidad de un perjuicio inminente y la eventual afectación del interés público.
De esta manera, la resolución judicial abre una instancia de intercambio de información entre las partes, aunque sin alterar hasta ahora el rumbo de las decisiones administrativas y políticas vinculadas al futuro del complejo balneario.