Prestadores Unidos Mar del Plata advierten sobre una “crisis histórica” en discapacidad y llaman a movilizarse

En el marco del ajuste que atraviesa el sector de la discapacidad, Prestadores Unidos Mar del Plata difundió un duro comunicado y llamó a la comunidad a movilizarse este jueves 4 de septiembre a las 11 de la mañana frente a la Municipalidad. El objetivo: visibilizar la situación crítica y exigir que el Senado apruebe de forma definitiva la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Decir NO al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad es responsabilidad de los senadores”, remarcaron desde la organización, al tiempo que describieron un panorama de recortes, falta de cobertura y precarización que golpea tanto a las familias como a los trabajadores del sector.

Según denunciaron, en los últimos meses más de 110.000 pensiones no contributivas fueron dadas de baja mediante auditorías “irregulares, sin garantías ni instancias de defensa”, lo que dejó a numerosas familias “en la desprotección absoluta”. “Esto no es un error administrativo, es una decisión política que desconoce la obligación del Estado de garantizar derechos”, sostuvieron.

El comunicado también apuntó a la situación de los prestadores, quienes aseguran que enfrentan pagos retrasados, honorarios congelados y condiciones de trabajo insostenibles. “Somos quienes realmente sostenemos el sistema de atención y acompañamiento, y sin nuestra labor el funcionamiento de los servicios se ve gravemente afectado”, afirmaron.

La organización consideró que la frase oficial de que “no hay dinero” es “falsa” y advirtió que los problemas radican en la mala administración de los recursos. “Las denuncias por coimas en la ANDIS muestran que el problema no es la falta de fondos, sino su mal uso sistemático. Mientras se recortan derechos y prestaciones, se desvían recursos que deberían garantizar la vida y la atención de las personas con discapacidad”, alertaron.

Finalmente, hicieron un llamado al Senado para que no frene la iniciativa. “Vetarla sería avalar la desprotección, la corrupción y la exclusión. Acompañarla es cumplir con la Constitución, los tratados internacionales y, sobre todo, con la responsabilidad ética de representar al pueblo. Las familias, las personas con discapacidad y los trabajadores no pueden esperar más. Ahora la responsabilidad es de los senadores”.