Prestadores de discapacidad advirtieron que la nueva ley debe garantizar recursos: “Una ley sin presupuesto es una ley de papel”

Prestadores de discapacidad advirtieron que la nueva ley debe garantizar recursos: “Una ley sin presupuesto es una ley de papel”

Desde la asociación local ASPREDis reconocieron la sanción definitiva en el Senado como un avance para el sector, pero reclamaron que el Estado asegure el financiamiento y la implementación efectiva del régimen durante 2027. También pusieron el foco en las condiciones laborales y la continuidad de los servicios.

21 de noviembre de 2026

La sanción definitiva de la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad fue recibida como un avance por las organizaciones del sector, aunque persisten las preocupaciones sobre su aplicación y el financiamiento de las prestaciones. En la ciudad, desde la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (ASPREDis)  advirtieron que ahora el Estado debe garantizar los recursos necesarios para que los derechos reconocidos se traduzcan en respuestas concretas.

 

A través de un comunicado, la entidad valoró la aprobación del Senado del pasado 19 de noviembre, que obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno en contra ni abstenciones, y la definió como una conquista de la lucha colectiva de personas con discapacidad, familias, prestadores, trabajadores y organizaciones. Sin embargo, remarcó que la sanción legislativa no garantiza por sí sola el funcionamiento del sistema.

 

“Una ley sin presupuesto es una ley de papel”, plantearon desde la asociación, que reclamó avanzar sin demoras con la promulgación, publicación y reglamentación de la norma, además de asegurar los recursos presupuestarios para su implementación durante 2027.

El pronunciamiento también puso el foco en la situación de quienes sostienen diariamente los servicios. “No hay continuidad de las prestaciones sin prestadores”, señalaron, al reclamar financiamiento suficiente, actualización de los valores, previsibilidad y condiciones laborales y profesionales dignas.

 

El planteo llega después de un extenso conflicto en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue vetada por Javier Milei en agosto de 2025, aunque el Congreso rechazó esa decisión. La demora del Gobierno en implementar la norma derivó en reclamos judiciales y movilizaciones de organizaciones y familias, que denunciaron el deterioro de las prestaciones.

 

En ese contexto, ASPREDis consideró que la nueva legislación constituye un logro colectivo, pero advirtió que su cumplimiento efectivo será determinante para evitar que las demoras y la falta de recursos vuelvan a poner en riesgo la continuidad de los servicios.

 

“La discapacidad no puede esperar”, concluyeron.

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