Playa Grande: Goransky declaró y pidió que declaren ex funcionarios

El concesionario de Playa Grande Sergio Goransky declaró en la Fiscalía de Delitos Económicos Nº10, en donde ratificó y amplió la denuncia por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público del ex intendente Carlos Arroyo, a raíz de actos administrativos relacionados al estacionamiento del complejo.

Por su parte, pidió que sean citados a declarar el ex secretario de Gobierno, Alejandro Vicente y el ex titular de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro.

La investigación está detrás del acta transaccional que firmó el 10 de abril del año pasado el entonces intendente con Playa Azul, la concesionaria del estacionamiento de Playa Grande, que estaba a un paso de perder la concesión por incumplimientos en las obras previstas en el pliego licitatorio.

Por intermedio de ese acuerdo, Arroyo se comprometió a otorgarle a la concesionaria los usos “gastronómico y complementarios” (que en los hechos implican instalar un boliche, lo que había solicitado la firma con anterioridad) a cambio de que llevara adelante tres obras por fuera de Playa Grande: un Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres, la puesta en valor de un inmueble de propiedad municipal y la demolición de la Unidad Turística Fiscal N° 5 de La Perla.

El 9 de diciembre, un día antes de dejar el cargo, Arroyo y su titular de educación, Luis Distéfano, firmaron el decreto 3256, a través del cual se autorizó la obra del boliche a Playa Azul y aclara que la habilitación comercial dependería de Inspección General. Goransky, en forma inmediata, amplió la denuncia penal y la extendió a Luis Distéfano.

“Este esperpento jurídico fue refrendado entre las 21 y 23 horas por el entonces secretario de Educación municipal, el profesor Luis Distéfano, quien fue designado por Arroyo para suplantar al secretario de Obras excusado”, indicó el empresario.

El intendente Guillermo Montenegro suspendió los efectos del polémico decreto de Arroyo y lo envió para su revisión a Legal y Técnica y otras áreas con competencia en el tema.
“La firma de un decreto la noche anterior a irte no es muy normal”, dijo Montenegro en su primera conferencia de prensa como jefe comunal.

El empresario, bajo la representación legal del abogado César Sivo, acusa al jefe comunal del delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

“Increíblemente firmó ese acuerdo sin anular el acto por razones de ilegitimidad, desoyendo todos los dictámenes anteriores”, se señala en la presentación. Además se agrega que “la expresa prohibición del pliego de proponer ampliaciones o modificaciones hasta que no esté totalmente finalizada la construcción de la obra originalmente propuesta, al tiempo que se viola la ley orgánica de las municipalidades ya que ni los secretarios de la comuna ni la presidencia del Emtur podrían dar curso a la contratación arbitraria e ilegítima de las obras que refiere el acta acuerdo sin incumplir las normas expresas que en tal sentido impiden a los funcionarios sortear las vías legales y reglamentarias para la contratación pública dad obras de este tipo.

La denuncia apunta también a todos los funcionarios que estuvieron y están relacionados con el tema. Se pide investigar “aquellos otros delitos que surjan de la investigación y que permitan elucidar en relación al mismo, con respecto a toda otra persona particular o funcionario público que haya tenido algún grado de participación, injerencia, etc., en alguna de las maniobras que se manifestaran a lo largo del presente escrito, que pueden constituir los delitos de cohecho en su faz activa y pasiva, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.