Piden explicaciones a Kicillof por el conflicto que frena planos, escrituras y estados parcelarios

El titular del bloque de la Coalición Cívica (CC) en la Cámara de Diputados bonaerense, Andrés de Leo, presentó en las últimas horas un pedido de informes para que la administración de Axel Kicillof explique las causas y consecuencias del conflicto gremial que tiene paralizada la Dirección de Catastro de la Agencia de Recaudación (ARBA).

“Presentamos un pedido de informes para el Gobierno explique qué está pasando en la Dirección Provincial de Catastro Territorial, prácticamente paralizada desde hace meses por medidas de fuerza. Detrás de cada expediente frenado hay familias, profesionales, municipios y vecinos que necesitan que el Estado funcione”, advirtió De Leo.

El tema se convirtió en un verdadero dolor de cabeza en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, con planos, estados parcelarios y escrituras que no salen desde hace por lo menos dos meses. El motivo es una protesta gremial en la Gerencia General de Catastro de ARBA, organismo a cargo del kicillofista Cristian Girard.

La modalidad del paro es particular porque no se trata de una suspensión total de tareas, sino de una retención escalonada que limita la aprobación diaria de estados parcelarios a solo 18 para toda la provincia. Se calcula que la gerencia que valida planos y registra estados parcelarios actualmente trabaja a un cuarto de su capacidad.

En ese marco, De Leo solicitó que la administración de Kicillof informe cuál es la situación actual del conflicto gremial y administrativo que afecta áreas esenciales dependientes de ARBA y que también indique que dependencias se encuentran alcanzadas por las retenciones de tareas de los estales bonaerenses.

Además, el diputado pidió que se precise la cantidad de expedientes, trámites y actuaciones administrativas que se encuentran demoradas como consecuencia del conflicto referido, cuál es actualmente el tiempo promedio de demora de los tramites y si la administración implementó medidas de contingencia frente a esta situación.

“Debe tenerse presente que la paralización o demora significativa de actuaciones catastrales genera consecuencias concretas y directas sobre particulares, empresas, municipios y organismos públicos, afectando operaciones de toda índole como inmobiliarias, escrituraciones, desarrollos urbanísticos, entre otros”, señaló De Leo.

En esa línea, el diputado remarcó que la persistencia de este tipo de conflictos podría derivar en perjuicios económicos para la provincia de Buenos Aires, no sólo por la afectación de la actividad inmobiliaria y de inversión privada, sino también por eventuales demoras en procesos de valuación, registración y actualización de información territorial con incidencia fiscal y administrativa.

El conflicto gremial en ARBA tiene paralizadas las escrituras y los estados parcelarios desde hace dos meses.