Desde Suteba informaron un alto nivel de acatamiento a la medida de fuerza impulsada por CTERA. La protesta incluyó reclamos salariales, la restitución del FONID y mayores recursos para el sistema educativo.
La jornada de paro nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) tuvo una fuerte repercusión en Mar del Plata. Según informó el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la adhesión en los establecimientos educativos de gestión provincial de la ciudad llegó al 95%.
El elevado nivel de acatamiento se reflejó en la suspensión de actividades en numerosas escuelas, tanto provinciales como municipales, y en todos los niveles de enseñanza, desde inicial hasta secundario.
La medida de fuerza, prevista por 24 horas, fue impulsada por los gremios docentes para exigir la reapertura de las negociaciones salariales y una recomposición de los ingresos del sector. Entre los principales reclamos también se encuentran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mayores partidas para el financiamiento educativo y la convocatoria a paritarias nacionales.
Desde las organizaciones sindicales sostienen que los salarios continúan perdiendo terreno frente a la inflación y cuestionan la falta de actualización de los fondos destinados a escuelas, programas educativos y comedores escolares. Además, plantean la necesidad de avanzar con una nueva Ley de Financiamiento Educativo que garantice mayores recursos para el sistema.
La protesta también incluyó cuestionamientos a iniciativas impulsadas a nivel nacional que, según los gremios, podrían afectar derechos laborales y previsionales de los trabajadores de la educación. En ese marco, expresaron su rechazo a eventuales modificaciones del régimen jubilatorio y defendieron la continuidad de un sistema previsional público y solidario.
En la antesala de la medida, el Gobierno nacional había anticipado la realización de controles en establecimientos educativos de distintas provincias para verificar el cumplimiento de la normativa que considera a la educación un servicio esencial. Esa legislación establece la obligación de garantizar un porcentaje mínimo de funcionamiento durante las jornadas de conflicto.
Pese a esos anuncios, desde los sindicatos destacaron el nivel de participación registrado en la protesta y ratificaron la continuidad de los reclamos vinculados a salarios, financiamiento y condiciones para el sostenimiento de la educación pública.