La Agencia de Administración de Bienes del Estado notificó a trabajadores que residen en la Unidad Turística de Chapadmalal, en medio del plan del gobierno nacional de concesionar el predio por 30 años. Afecta a unas 30 familias que viven allí desde hace décadas.
Un grupo de trabajadores que cumple tareas de mantenimiento en la Unidad Turística de Chapadmalal recibió en las últimas horas una notificación formal para abandonar las viviendas que ocupan dentro del complejo. El plazo fijado es de diez días corridos, lo que generó fuerte preocupación entre las familias afectadas.
La intimación fue entregada personalmente por un representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en el marco de la política impulsada por el gobierno de Javier Milei que apunta a concesionar por tres décadas el emblemático predio turístico, integrado por los tradicionales hoteles que durante años funcionaron como símbolo del turismo social en la Argentina.
Según indicaron los propios trabajadores, la medida alcanza a alrededor de 30 familias que residen en los pabellones desde hace más de 20 años. Muchos de ellos cumplen funciones esenciales para la conservación de las instalaciones, lo que profundiza la incertidumbre sobre la continuidad laboral y habitacional.
El conflicto no tomó por sorpresa total a los empleados. Días atrás ya habían recibido señales informales sobre la inminente llegada de las notificaciones, lo que los llevó a presentar pedidos de información ante la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Turismo. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron respuestas oficiales.
El futuro de Chapadmalal quedó en el centro del debate a partir del anuncio realizado el 25 de marzo por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó la intención del Ejecutivo de avanzar con una concesión a largo plazo. La iniciativa, según explicó, busca atraer capitales privados que permitan poner en valor el complejo y mejorar sus servicios, al tiempo que se reduzcan los costos que hoy asume el Estado.
En este contexto, la intimación a desalojar las viviendas aparece como uno de los primeros efectos concretos del proceso de reconversión de Chapadmalal, y abre un frente de conflicto con trabajadores que, además de sus puestos laborales, ahora ven en riesgo su lugar de residencia.