“No es persecución, es cumplir la ley”: La CPM cruzó duro al gobierno municipal por el accionar de la Patrulla

En medio de una creciente tensión entre el Municipio de General Pueyrredon y los organismos de Derechos Humanos, Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), salió al cruce de las declaraciones del gobierno local respecto al accionar de la Patrulla Municipal.

En diálogo con el programa radial La Rosca, García desestimó que las denuncias de la CPM respondan a una intencionalidad político-partidaria o a una «persecución» contra la gestión, tal como sugirió el descargo del senador y referente oficialista Agustín Neme.

«No tenemos la capacidad ni la decisión de perseguir a nadie. Lo único que le pedimos al intendente es que cumpla con la ley y que la patrulla no viole los derechos humanos», sentenció García.

«Cinco jueces ya lo dijeron»

El conflicto se reavivó tras una nueva denuncia presentada por un cuidacoches que aseguró haber sido agredido en dos oportunidades por agentes municipales. Ante esto, la justicia intervino mediante un hábeas corpus.

«Estamos en un punto en que el gobierno municipal tiene que cumplir con la ley», explicó el referente de la CPM. «No solo es su obligación, sino que hay cinco jueces que ya se lo dijeron: dos de garantías y tres de una cámara de apelaciones. La patrulla tiene que actuar en el marco de la ley y no cometer delitos como los está cometiendo».

García fue contundente al describir las prácticas denunciadas: «Si hay una ley que permite que funcionarios municipales le peguen trompadas a las personas, las tiren al piso, las pateen y les roben las cosas, no podríamos decir nada. Pero mientras la ley lo prohíba, lo vamos a seguir denunciando».

Los límites de la Patrulla Municipal

Desde la CPM remarcaron que la función de la Patrulla Municipal no es policial. «No están habilitados para detener personas ni para portar armas. Si lo hacen, esa actuación es ilegal», explicó García, citando incluso preocupaciones recientes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas sobre el despliegue de estas fuerzas locales en la provincia.

«Si una persona comete un delito, se llama a la policía, se la detiene y la justicia investiga. Lo que no puede hacer la patrulla es empezar a las piñas, porque terminan cometiendo delitos más graves que los que intentan prevenir», agregó.

Un contexto nacional «caldeado»

Durante la entrevista, García también trazó un paralelismo entre la situación local y el clima social a nivel nacional, expresando su preocupación por la aplicación del protocolo antipiquete y el decreto sobre inteligencia.

«Lo que hace el gobierno local es tratar de demostrar que es un buen alumno de esa política violenta del Estado nacional, que tramita la pobreza y los reclamos con agresiones», analizó. Además, advirtió sobre el peligro de que el Estado valide la violencia: «No se logra una sociedad mejor cuando el Estado comete delitos. Eso solo profundiza la violencia social».

La polémica surge en un escenario que los propios periodistas describieron como de «calle recontra picante», y de cara a una convocatoria anónima a una marcha contra la inseguridad prevista para el próximo 18 de febrero.