Neme celebró el fallo por el proyecto del bar de gin: “Quisieron frenar una inversión”

Neme celebró el fallo por el proyecto del bar de gin: “Quisieron frenar una inversión”

El intendente destacó la decisión de la Fiscalía General de ratificar la desestimación de la denuncia presentada contra funcionarios municipales y concejales por la ordenanza que habilitó el emprendimiento junto al Faro de la Memoria, y aseguró que el municipio seguirá respaldando las inversiones que generen empleo y desarrollo en la ciudad.

4 de junio de 2026

El intendente Agustín Neme celebró la decisión de la Fiscalía General de ratificar la desestimación de la denuncia presentada contra funcionarios municipales y concejales que impulsaron la ordenanza que autorizó el uso de un predio lindero al Faro de la Memoria para la instalación de un emprendimiento gastronómico.

 

La resolución, avalada por el fiscal general adjunto Marcos Pagella, confirmó el rechazo a la denuncia promovida por organismos de Derechos Humanos, que habían cuestionado la legalidad del proyecto y reclamado la preservación del espacio.

 

Tras conocerse la decisión, Neme sostuvo que el fallo ratifica la postura que el municipio mantuvo desde el inicio de la controversia. “Lo dijimos desde el primer día: quisieron frenar una inversión, impedir la generación de empleo y mantener abandonado un predio municipal sin uso”, afirmó.

 

El jefe comunal remarcó además que la actuación del Ejecutivo y del Concejo Deliberante estuvo enmarcada dentro de la legalidad. “La Justicia volvió a ser clara: confirmó la desestimación de la denuncia y ratificó que todo el expediente se ajustó a la ley”, señaló.

 

Neme aprovechó el pronunciamiento judicial para reivindicar la política de promoción de inversiones privadas que impulsa su gestión y envió un mensaje a los sectores que se opusieron al proyecto. “A los que siempre dicen no, les decimos lo mismo de siempre: vamos a seguir defendiendo cada inversión que traiga trabajo, desarrollo y oportunidades para Mar del Plata”, expresó.

 

La denuncia había sido presentada por organismos de Derechos Humanos, que advirtieron que el predio podría contener pruebas vinculadas al terrorismo de Estado. Además, cuestionaron las condiciones de la concesión al señalar que se buscaba ceder “4 hectáreas por apenas 250.000 pesos por mes” y reclamaron “memoria, preservación y respeto” para el lugar.

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