Tras el desdoblamiento de sueldos y el atraso en el pago de horas extras, el intendente dispuso recurrir a partidas que estaban destinadas a otros fines específicos para sostener el sistema educativo municipal.
El intendente Guillermo Montenegro resolvió avanzar con una medida excepcional en medio de las tensiones financieras que atraviesa el Municipio: autorizó el pago de los salarios de los docentes municipales utilizando fondos afectados, recursos que por ordenanza tienen destinos predeterminados y que conservan saldos acumulados.
La decisión quedó plasmada en el decreto 2493, que ya fue enviado al Concejo Deliberante para su convalidación. Allí, el Ejecutivo plantea que la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de las unidades educativas obligó a habilitar el uso de estas partidas especiales durante lo que resta del año.
El contexto no es menor: en las últimas semanas el gobierno municipal debió desdoblar el pago de sueldos del personal y acumula un atraso cercano a los 90 días en el pago de horas extras. Ese escenario, según el propio decreto, generó un “desequilibrio financiero transitorio” que impulsa la medida.
Aunque la administración local evitó mencionar en el proyecto de ordenanza cuáles son los fondos a los que podría recurrir, dentro del esquema municipal hay tres partidas afectadas relevantes que mantienen disponibilidad y podrían ser utilizadas:
Fondo de Promoción Turística, sostenido por un porcentaje de la Tasa de Seguridad e Higiene que aportan comercios, servicios e industrias.
Tasa Vial, destinada originalmente a la reparación y mantenimiento de pavimentos.
Fondo GIRSU, que Obras Sanitarias recauda en sus boletas y transfiere al municipio para políticas de gestión de residuos.
El uso de estos recursos afectados sería temporal y limitado al cierre del ejercicio 2025, en tanto el Ejecutivo busca reorganizar el flujo interno de fondos para asegurar el pago integral de los haberes del sector docente.
La medida, que ahora deberá ser debatida en el Concejo, reaviva el debate sobre el manejo de las partidas con destino específico y el margen de maniobra que posee el gobierno local en un momento de evidente tensión fiscal.