Milei busca incluir la reforma del financiamiento universitario en extraordinarias

El Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, ordenó prorrogar el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero y presiona para incluir en el debate una reforma del financiamiento universitario, a fin de priorizar la “vialidad fiscal” de los presupuestos de las casas de altos estudios.

Es que, a principios de febrero, había trascendido que el Ejecutivo nacional había comenzado a negociar con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) una reforma en el financiamiento universitario, a fin de garantizar su viabilidad fiscal y darles respuesta a los reclamos del sector.

La rueda de negociaciones habría comenzado a mediados de enero, en la previo del ciclo lectivo 2026, con el objetivo de evitar una nueva serie de conflictos, tras la polémica por el veto a la ley de financiamiento universitario que desembocó en varias marchas federales durante 2025.

En ese contexto, en las últimas horas, la administración mileísta confirmó que incorporará un proyecto de financiamiento universitario al temario de las sesiones extraordinarias, luego de que el Ejecutivo apelara la resolución del juez Martín Cormick, quien ordenó la actualización de los fondos previstos por la ley de financiamiento vigente.

Ahora, para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a sancionar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando los consensos políticos.

En efecto, la nueva ley pretende responder a la demanda de previsibilidad fiscal, reclamada por el Gobierno, y de garantías jurídicas, solicitadas por el sector universitario.

Así, desde la Secretaría de Educación, bajo la órbita del super Ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, subrayaron su compromiso “por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades”.

Es preciso señalar que, si bien el reglamento de la Cámara de Diputados establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, en Casa Rosada se valen de antecedentes de incorporación de proyectos instrumentados por esa vía.