Mientras avanza la investigación judicial, Diego García redobló sus críticas a la concesión del Minella

El concejal de Unión por la Patria, Diego García, confirmó que este jueves deberá prestar declaración ante la Justicia en el marco de la investigación por la licitación del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes. En ese contexto, sostuvo que concurrirá para aportar la información que le sea requerida y aprovechó para renovar sus cuestionamientos al proceso impulsado por el Ejecutivo local.

García recordó que la convocatoria judicial ya había sido realizada semanas atrás, aunque finalmente fue suspendida. “Esperamos saber qué necesita la Justicia y aportar lo que esté a nuestro alcance”, señaló en diálogo con LoQuePasa.net, al tiempo que remarcó que el rol de la oposición ha sido expresar críticas y presentar alternativas frente a una iniciativa con la que, según afirmó, nunca estuvo de acuerdo.

El edil insistió en que desde el inicio consideraron que la privatización del complejo deportivo no representaba un beneficio para Mar del Plata. En esa línea, también se refirió a las versiones sobre el posible desembarco de un nuevo empresario en el proyecto, aunque aclaró que, hasta el momento, no existe información oficial.

“Son trascendidos periodísticos. Quien debe informar sobre esta situación es el Ejecutivo municipal”, sostuvo. Para García, luego del fracaso del esquema empresarial original, corresponde que el gobierno explique cuál será el futuro de la concesión y cómo continuará el proyecto.

Además, el concejal recordó que la iniciativa fue aprobada únicamente con los votos del oficialismo, mientras que la oposición rechazó la propuesta por considerar que no resolvía los problemas estructurales del complejo deportivo.

Por último, cuestionó que, a casi ocho meses de la entrega del predio, todavía no se conozca el plan de obras comprometido ni el nivel de inversión previsto. También advirtió que, según planteó en el Concejo Deliberante, no hubo intimaciones públicas para exigir el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.

“Quien administra el Estado es el Ejecutivo y es el que debe actuar para defender los intereses del Municipio”, concluyó.