Mauricio Macri rechazó la designación de Lijo y García-Mansilla, en la Corte y profundiza la distancia entre el PRO y La Libertad Avanza.
El expresidente, Mauricio Macri, rechazó a la designación en comisión del juez federal, Ariel Lijo, y del catedrático, Manuel García-Mansilla, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta postura, que ya había anticipado en una reunión del PRO en Buenos Aires, profundiza la distancia entre el macrismo y el Gobierno de La Libertad Avanza en un contexto de creciente tensión entre ambas fuerzas políticas.
“La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el Gobierno no es correcta”, afirmó Macri en un comunicado difundido en redes sociales. Sin mencionarlo directamente, hizo referencia a su propio intento de designar por decreto en 2015 a los jueces, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, proceso que generó polémica en su momento y que finalmente no prosperó.
Pese a las críticas, el Gobierno sostiene que esta es una facultad constitucional del Presidente y que existen antecedentes históricos de otros mandatarios que designaron jueces en comisión. No obstante, la oposición insiste en que el mecanismo elegido no contribuye a la estabilidad institucional ni al fortalecimiento de la justicia.
En esta línea, el exmandatario subrayó la importancia de que los jueces de la Corte Suprema cuenten con respaldo político y social, al tiempo que señaló que su postura es compartida dentro del PRO. “Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo. La confianza en la justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país”, expresó.
Macri respaldó su posición citando una columna de opinión escrita por Martín Casares, exfuncionario de su gobierno. En ella, Casares advertía sobre los riesgos de designar jueces por decreto, afirmando que “esto no resuelve ningún problema urgente, no va a mejorar la seguridad jurídica y va a afectar la credibilidad de una Corte Suprema de Justicia que es independiente”.
Los senadores del PRO ya adelantaron que, en su mayoría, votarán en contra de los pliegos impulsados por el Gobierno cuando estos lleguen al Senado.