La UNMDP fija posición y defiende la Ley de Financiamiento Universitario

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) difundió un pronunciamiento institucional dirigido a toda la comunidad universitaria tras la realización de la primera sesión del Consejo Superior de la nueva gestión. El documento expresa una mirada crítica sobre el rumbo de las políticas nacionales y sus consecuencias directas sobre la educación pública, la ciencia y las condiciones laborales en el sistema universitario.

En ese marco, el Consejo Superior valoró la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación de sostener la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, a la que considera una herramienta central para garantizar el acceso a la educación superior y la igualdad de oportunidades. No obstante, advirtió que esta señal positiva convive con una orientación general de las políticas públicas que amenaza los pilares históricos de la universidad pública y el entramado social.

Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al proyecto de Presupuesto Nacional, que —según plantea la UNMDP— excede largamente lo técnico para convertirse en una definición política concreta. Desde la universidad señalan que el esquema presupuestario propuesto aplica recortes innecesarios en áreas sensibles, favorece a sectores económicos concentrados y traslada el peso del ajuste a la educación, la ciencia y las políticas de inclusión social.

Por este motivo, el Consejo Superior exhortó al Senado de la Nación a ratificar lo aprobado por Diputados en materia de financiamiento universitario, y advirtió que el eventual vaciamiento de estas leyes implicaría una decisión política que profundizaría la exclusión y debilitaría el rol del Estado en la garantía de derechos.

El pronunciamiento también pone el foco en el impacto concreto del desfinanciamiento científico. Lejos de ser una discusión abstracta, advierte que la falta de recursos compromete las trayectorias de becarios, investigadores y jóvenes científicos, erosiona la soberanía cognitiva del país y desvaloriza el conocimiento como motor del desarrollo. En ese sentido, reclamó al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento vigente y pidió al Poder Judicial una pronta respuesta favorable al amparo presentado por el sistema universitario para resguardar el derecho a la educación pública.

Finalmente, el Consejo Superior manifestó su preocupación por el proyecto de reforma laboral en debate, al que considera otra cara del ajuste. Si bien reconoció la necesidad de discutir la informalidad laboral, rechazó que la solución sea la eliminación de derechos, y reafirmó su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la Constitución Nacional.