La rectora Biasone acompañó el reclamo del CIN por un presupuesto que asegure la actividad universitaria en 2026

La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, participó de la sesión extraordinaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un encuentro que culminó con un nuevo pronunciamiento conjunto en defensa del financiamiento adecuado para el sistema universitario público de cara a 2026. La preocupación central giró en torno al proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre, cuyos montos —advirtieron— no permitirían sostener el funcionamiento básico de las instituciones.

El plenario, realizado en la sede del CIN en la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolló bajo el lema “Diálogos, democracia y universidad pública. Recuperar los legados para construir el futuro”, una consigna que sintetizó el clima de debate sobre el rol del sistema universitario en la vida democrática y la necesidad de asegurar políticas estables para su desarrollo. La jornada reunió a rectoras, rectores y especialistas de distintos países que expusieron sobre los desafíos históricos y actuales del organismo, además de aportar miradas a futuro.

En el documento aprobado por unanimidad, el CIN volvió a dirigirse al Congreso para pedir que se mantenga la defensa de la educación superior pública, tal como ocurrió este año con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. “Las universidades nacionales volvemos a solicitar que se ratifique esa postura y que se aseguren los recursos necesarios para el próximo año”, manifestaron.

El texto advierte que el presupuesto proyectado para 2026 generaría un escenario de fuerte incertidumbre y comprometería el normal desarrollo académico, científico y de extensión en las casas de estudio de todo el país. Por ello, el CIN reclamó que la “ley de leyes” incluya un esquema de previsibilidad que impida cualquier tipo de parálisis institucional.

Finalmente, el comunicado alertó sobre las consecuencias directas que tendría aprobar el Presupuesto tal como fue remitido. Según el organismo, los montos propuestos afectarían de manera severa el derecho de miles de jóvenes a acceder a una universidad pública “de calidad y reconocida por la sociedad”, y pondrían en riesgo la continuidad de servicios esenciales para la vida universitaria en su conjunto.