En lo que va de este año, solo hasta marzo, ya hubo 117 hechos en establecimientos educativos que costarán al menos 100 millones de pesos.
El objetivo es “proteger al alumno, al docente y a la comunidad educativa en general y asegurar la prestación del servicio educativo”. A su vez, aplica a establecimientos educativos de educación pública y privada.
La iniciativa se lanza en un marco en que en la provincia de Buenos Aires, entre los años 2018 y 2019, se cometieron 248 robos y vandalismo en las escuelas públicas. Cada hecho de estas características, afecta “no solo la calidad de las condiciones educativas, sino que también en algunos casos comprometen las clases de los chicos y la seguridad de quienes integran toda la comunidad educativa”.
Ante esta situación, el proyecto modifica el artículo N°74 del Código Contravencional de la PBA (decreto-ley n°8031), del capítulo 4 “Contra la tranquilidad y el orden público”. Al mismo tiempo, incorpora nuevas formas de vandalismo al código de faltas y prevé sanciones.