La Provincia analiza estrategias para bajar el número de presos, aunque advierten que no habrá “liberación masiva”
La Provincia analiza estrategias para bajar el número de presos, aunque advierten que no habrá “liberación masiva”
Se trata de la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional con el fin de atener la superpoblación carcelaria.
Una mesa de diálogo interinstitucional entre los tres poderes del Estado, expertos en temas penitenciarios y organismos de derechos humanos, comenzó en los últimos días con el fin de reducir la cantidad de presos de las 60 cárceles de la Provincia de Buenos Aires, que se encuentran en una “crisis” de superpoblación.
Según un informe de Casación Penal, la infraestructura carcelaria aloja a 48.827 reclusos, cuando la capacidad del sistema es de apenas 25.000.
El segundo encuentro ocurrió el jueves pasado, cuando se puso de manifiesto la “creación de una mesa ejecutiva que busque aliviar la superpoblación penitenciaria”, según anunció el ministro de Justicia bonaerense Julio Alak.
En la reunión estuvieron la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), miembros del Servicio Penitenciario provincial y del Poder Judicial federal, el procurador General Julio Conte Grand, el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino y organismos de derechos humanos.
El comité técnico, que se juntará el próximo 6 de febrero por impulso del gobernador Axel Kicillof, incluirá la participación de presidiarios y sus familiares, luego de realizar inspecciones en alcaidías, comisarías y unidades penales. El procedimiento permitirá actualizar las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad.
“Hubo un acuerdo generalizado de los tres poderes sobre la situación crítica del sistema penitenciario bonaerense. Son dos servicios penitenciarios metidos en uno solo, con condiciones inhumanas de detención e infraestructura. El diagnóstico es compartido”, subrayó Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La intención de reducir la población carcelaria plantea un desafío acerca de cuáles serán los caminos para empezar a resolver la emergencia penitenciaria, que fue declarada el año pasado por el ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
De acuerdo a la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) hay entre 10 mil y 15 mil internos “en condiciones de salir”. Ese comentario generó ruido en el gobierno bonaerense, que emitió un comunicado en el que descartó una “liberación masiva” semejante de las unidades penales y advirtió que la mesa “nunca analizó ni analizará medidas de excarcelación anticipadas a las penas establecidas” por los jueces.
La Provincia de Buenos Aires goza de una tasa de encarcelamiento superior a la media nacional, de 300 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. Los conocedores en el tema advierten que no hay razones que lo justifiquen.