La Libertad Avanza retiró el proyecto para desregular el mercado inmobiliario bonaerense

La Libertad Avanza retiró el proyecto para desregular el mercado inmobiliario bonaerense

La iniciativa impulsada por legisladores libertarios y alineada con las políticas de desregulación del Gobierno nacional fue retirada de la Cámara de Diputados de la provincia tras el rechazo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos.

22 de junio de 2026

La Libertad Avanza (LLA) decidió retirar de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires el proyecto de ley que proponía desregular el mercado inmobiliario bonaerense, una iniciativa que había despertado una fuerte controversia entre los distintos actores del sector. La medida fue confirmada mediante una nota presentada ante la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de la Legislatura, donde se solicitó formalmente el retiro del expediente.

 

El proyecto, denominado «Desregular el mercado inmobiliario en el territorio de la Provincia de Buenos Aires», se inscribía en la línea de reformas impulsadas por el Gobierno nacional, encabezadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, orientadas a flexibilizar regulaciones y reducir restricciones para el ejercicio de diversas actividades económicas.

 

La propuesta encontró una rápida resistencia por parte del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, entidad que advirtió sobre los riesgos que implicaba eliminar la intervención obligatoria de profesionales matriculados en las operaciones inmobiliarias. Desde la institución sostuvieron que la iniciativa podía debilitar los mecanismos de control y aumentar la exposición de compradores, vendedores e inquilinos a posibles fraudes o irregularidades.

 

El proyecto retirado proponía modificar diversos artículos de la Ley Provincial N° 10.973, eliminando la exclusividad de los martilleros y corredores públicos matriculados para intervenir en operaciones de compraventa de inmuebles. De este modo, habilitaba a personas humanas o jurídicas sin matrícula a realizar tareas de intermediación y corretaje, eliminaba sanciones por ejercer la actividad sin habilitación profesional y dejaba la fijación de honorarios y comisiones librada al acuerdo entre las partes. Según sus impulsores, estas modificaciones buscaban ampliar la libertad de contratación y eliminar barreras que consideraban restrictivas para el desarrollo de la actividad económica.

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