La Libertad Avanza busca imponer controles trimestrales sobre las cuentas del Municipio y un plan ante el déficit

El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer nuevas reglas de seguimiento de las finanzas. La iniciativa busca incorporar mecanismos de control periódico, advertencia temprana ante riesgos presupuestarios y obligaciones para corregir eventuales déficits.

La propuesta, denominada Régimen Municipal de Equilibrio, Sostenibilidad y Transparencia Fiscal, alcanza a la administración central y a los organismos contemplados en el presupuesto consolidado. Entre sus principales herramientas figura la creación de un tablero público que permitirá consultar la evolución de los recursos, las erogaciones, las deudas, los vencimientos y los compromisos que puedan trasladarse a ejercicios futuros.

El sistema también incluiría información sobre el gasto en personal y la cantidad de empleados permanentes, temporarios y contratados. El Ejecutivo debería presentar los reportes ante el Concejo Deliberante y publicarlos dentro de los 30 días posteriores al cierre de cada trimestre, con datos comparativos y formatos abiertos para facilitar su consulta.

Uno de los puntos centrales establece un mecanismo de alerta cuando las proyecciones anticipen un resultado financiero negativo al finalizar el año. En ese escenario, el gobierno municipal tendría que elaborar, en un plazo de 15 días hábiles, un informe que detalle las causas del desvío, su magnitud estimada y las posibles medidas para enfrentarlo.

Además, si se proyecta un déficit o la rendición de cuentas del ejercicio anterior arroja un resultado negativo, el Municipio debería presentar un Programa de Convergencia Fiscal. El plan tendría que establecer acciones sobre ingresos, gastos, recaudación y deuda, con un horizonte de recuperación que, como regla general, no supere los tres ejercicios.

La iniciativa también pone el foco en las decisiones que generan obligaciones a largo plazo. Antes de avanzar con nuevos programas, subsidios, cargos o estructuras administrativas permanentes, se debería evaluar su impacto presupuestario e identificar recursos capaces de sostenerlos en el tiempo. La venta de activos y los ingresos extraordinarios no serían considerados, por sí solos, financiamiento sostenible para esos compromisos.