La Justicia como contrapeso: las decisiones municipales que terminaron bajo la lupa de los tribunales

La Justicia se convirtió, con el paso de los años, en un escenario recurrente para discutir algunas de las principales decisiones tomadas durante la gestión del intendente en licencia Guillermo Montenegro. Vecinos, organizaciones sociales, entidades ambientales y hasta actores institucionales recurrieron a los tribunales para cuestionar iniciativas del Ejecutivo municipal, y en más de una oportunidad encontraron allí una respuesta favorable a sus reclamos.

El fenómeno adquirió particular fuerza durante el último tiempo. Mientras algunas causas todavía permanecen abiertas, otras derivaron en cautelares, suspensiones o sentencias que obligaron al Municipio a revisar decisiones, frenar proyectos o afrontar las consecuencias de medidas que los tribunales consideraron ilegítimas.

Uno de los ejemplos más recientes y políticamente sensibles es la concesión del Minella y el Polideportivo, que quedó bajo investigación judicial por presuntas irregularidades en el proceso. La causa avanzó con una denuncia penal y posteriormente la ONG Mirada Ciudadana fue admitida en plena feria judicial como particular damnificado, habilitando nuevas medidas de prueba. Todo un mensaje.

En materia urbanística, la construcción de la torre de 35 pisos en Stella Maris también terminó en los tribunales. Una cautelar suspendió inicialmente la ordenanza municipal y cuestionó, entre otros aspectos, el procedimiento seguido antes de su aprobación. Aunque la Cámara posteriormente dejó sin efecto esa medida, el conflicto judicial continúa.

Algo similar ocurrió con Plaza Rumencó, donde la Justicia ordenó frenar las intervenciones en el predio hasta que se completara el procedimiento ambiental correspondiente.

Pero quizás uno de los golpes judiciales más concretos para la administración municipal fue el caso OSSE. La Cámara confirmó que el aumento tarifario del 142,7% aplicado en 2024 fue ilegítimo y ratificó que los usuarios deberán ser compensados por lo abonado.

A ese recorrido se suman los conflictos por La Reserva, el Faro de la Memoria, Playa Acevedo y los operativos contra los “trapitos”, todos con distintos grados de intervención judicial.

El dato político que atraviesa estos expedientes es que la Justicia terminó funcionando en varias oportunidades como contrapeso de decisiones del Ejecutivo municipal. Y mientras Guillermo Montenegro dejó el gobierno para asumir su banca en el Senado bonaerense, algunos de los conflictos judiciales vinculados a decisiones de su gestión no solo permanecieron abiertos, sino que ganaron intensidad durante los últimos meses. 

Así, entre cautelares, denuncias, investigaciones y fallos adversos, se fue configurando un frente político-judicial que acompaña a varias de las iniciativas más controvertidas de la administración. Una sucesión de decisiones que nacieron en el Ejecutivo y terminaron, una y otra vez, buscando una definición en los tribunales.