La justicia citó a declarar a cuatro concejales por la investigación sobre la concesión del Estadio Minella

Cuatro concejales, dos del oficialismo y dos opositores, serán citados por el Poder Judicial para declarar como testigos el próximo jueves en la causa que investiga posibles irregularidades en la concesión del Estadio Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de los Deportes.

Los convocados son los ediles Horacio Taccone y Diego García, por la oposición, y Fernando Muro y Guillermo Volponi, del oficialismo. Las testimoniales fueron dispuestas en el marco de la causa que lleva adelante la fiscalía para determinar si el proceso licitatorio que culminó con la adjudicación a Minella Stadium S.A. se desarrolló con la debida transparencia y sin irregularidades administrativas.

El objetivo de las declaraciones será reconstruir aspectos vinculados al trámite que derivó en la aprobación de la concesión y complementar la documentación ya incorporada al expediente, que también fue analizada por la Policía Judicial de La Plata.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, quien solicitó que se analicen posibles irregularidades en la adjudicación y el posterior cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa concesionaria. En los últimos días, incluso, el propio Pettigiani sostuvo públicamente que el Municipio cuenta con herramientas para rescindir el contrato al considerar que Minella Stadium incumplió el plan de obras comprometido durante la licitación.

A los cuestionamientos judiciales se suman las críticas políticas. El concejal Horacio Taccone había advertido que la reciente transferencia de acciones de la empresa representaba una muestra de su presunta falta de solvencia y volvió a reclamar que el Municipio convoque a una nueva licitación con un pliego más claro y transparente, al considerar que las deficiencias del proceso original dieron origen a los problemas actuales.

La concesión establecía una inversión de 40 millones de dólares durante los 30 años de contrato, además de un cronograma de eventos deportivos y espectáculos para revalorizar el complejo. Sin embargo, la escasa ejecución de obras desde la toma de posesión del predio y las denuncias sobre presuntos incumplimientos profundizaron la controversia, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar si existieron delitos en el proceso de adjudicación y en la actuación de los funcionarios involucrados.