La industria pesquera atraviesa una crisis histórica que repercute fuertemente en Mar del Plata

La industria pesquera atraviesa una profunda crisis: a pesar del inicio oficial de la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales, los buques congeladores permanecen amarrados en puerto, en un paro total que paraliza la actividad y pone en jaque una significativa fuente de ingreso de divisas al país.

El conflicto entre empresas y sindicatos es de larga data y tiene su origen en el pedido de las cámaras de reducir el salario de los trabajadores debido a la falta de actualización de los convenios colectivos de trabajo. A modo de respuesta, los gremios llevan adelante medidas de fuerza para evitar el ajuste.

Según alertaron las cámaras empresarias del sector, CAPeCA y CAPIP, “la situación responde a una crisis estructural que hace inviable la continuidad de la actividad”. En la actualidad, hay 113 barcos amarrados en distintos puertos del país.

Con las divisas en el centro del debate económico, la pesca —junto al agro y la energía— es una de las pocas actividades con capacidad de generar dólares genuinos. Que esta fuente clave de ingresos esté paralizada es una señal de alarma en el tablero del Gobierno.

La flota congeladora de langostino, inactiva desde el 17 de marzo, genera anualmente alrededor de US$ 600 millones en exportaciones, y su parate impacta de lleno en las economías de ciudades como Puerto Deseado, Puerto Madryn y Mar del Plata.

La pesca de langostino es la joya de la corona del sector pesquero argentino, que en 2024 generó US$ 1.969 millones, lo que representó el 3,9% del total exportado. En la última década, el segmento aportó US$ 17.000 millones, mientras que genera más de 46.000 empleos directos y abastece a más de 100 mercados internacionales con unas 800.000 toneladas anuales de productos diversos.

Sin embargo, detrás de este aporte estratégico se esconde una ecuación económica que tensa la relación entre los empresarios y los gremios. “El producto se vende en el mundo a US$ 5,50 por kilo, pero producirlo cuesta US$ 6,50. Se pierde un dólar por kilo. Es inviable salir a pescar. Es una cuestión matemática”, se quejan los referentes empresariales del rubro.

A ello se suma la caída sostenida de los precios internacionales del langostino —2,8% interanual en el producto entero y 5,6% en las colas— y la competencia con el crustáceo de cultivo. Las cámaras también expresan su disconformidad con el convenio colectivo de trabajo que data de 2005.

Esa normativa establece un bono por productividad anclado en un precio internacional de US$ 12 por kilo, vigente hace dos décadas. Hoy, con un precio real de US$ 5,50, la tripulación continúa cobrando con las condiciones impuestas por aquel entonces.

“Los números son transparentes. Es hora de revisar estructuras para sostener la actividad y preservar los empleos”, advirtieron CAPeCA y CAPIP, que además solicitaron una convocatoria urgente a audiencia preliminar con los sindicatos ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Por su parte, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) plantean que las cámaras buscan implementar un recorte salarial del 50% con una rebaja de 30% sobre los valores de la producción y la modificación de todos los ítems del salario básico para que sea absorbido por la misma actividad productiva cuando los empleados están embarcados.

«También quieren modificar el cálculo del sueldo anual complementario (SAC) y el cálculo de la incapacidad temporaria (ILT). Además, quieren pagar a los efectivos un importe diario de los básicos solo la cantidad de días que estuvieron embarcados», denuncian.

La situación del sector tangonero congelador es el eje de preocupación ya que se encuentra paralizado desde hace meses por la falta de acuerdo entre las partes. Es el núcleo exportador de mayor peso dentro de la industria pesquera, y, bajo la perspectiva empresaria, la no actualización de los convenios laborales impide poner en marcha la temporada, a pesar de que el recurso langostino se mantiene con buenos rendimientos.

Desde la óptica gremial, sostienen que los empresarios tienen que absorber los costos y calculan que los trabajadores perderían 60% del poder adquisitivo si se homologa el recorte de 30% de los sueldos durante la reunión con la Secretaría de Trabajo.

Más allá del conflicto laboral puntual, las cámaras apuntan que peligra mucho más que una temporada de pesca. “Está en juego la sostenibilidad económica de un sector que es esencial para la economía nacional y regional”, remarcan y sostienen que la actividad pesquera representa la principal economía regional de Argentina.

“Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones que permitan superar la crisis y garantizar la continuidad de una actividad esencial para la economía nacional y regional”, concluyeron desde CAPeCA y CAPIP.

Despidos en la Planta Apolo Fish

La planta pesquera Apolo Fish, ubicada en Vértiz y Pescadores, en Mar del Plata, volvió a ser escenario de un conflicto laboral tras el despido de al menos 13 trabajadores en los últimos días. La medida, que afecta incluso a empleados con más de 20 años de antigüedad, derivó en la toma de las instalaciones por parte del personal, mientras aguardan una audiencia con el Ministerio de Trabajo prevista para este viernes. Desde el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) temen que las desvinculaciones se extiendan a buena parte de los 40 trabajadores restantes.

El conflicto comenzó esta semana, cuando siete trabajadores fueron despedidos tras negarse a realizar tareas que no estaban contempladas en su convenio colectivo. La respuesta fue una asamblea con retención de tareas, lo que provocó nuevas cesantías.

Según denuncian los delegados, la empresa no dio explicaciones formales y evitó dialogar con los representantes gremiales. En paralelo, el SOIP realizó una protesta frente al domicilio de José Paredes, señalado como propietario de la firma, aunque los empleados aseguran que la administración está en manos de Marcela Gutiérrez.

Los trabajadores acusan a la empresa de actuar de forma arbitraria y de intentar criminalizar la protesta, tras recibir cartas documento en las que se los responsabiliza por “agudizar la crisis financiera” de Apolo Fish. Además, señalan que la patronal invocó el decreto 340, cuestionado judicialmente, para justificar los despidos, sin respetar el marco legal vigente ni detallar el cumplimiento de servicios esenciales durante la medida de fuerza. En un nuevo giro, la empresa denunció una supuesta pérdida de amoníaco en la planta y solicitó el desalojo del lugar.

Mientras esperan la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, los trabajadores se mantienen en la planta con incertidumbre y denuncian que la firma comenzó a retirar maquinaria. A pesar del contexto crítico de la industria pesquera, aseguran que la planta operó con normalidad en los últimos meses e incluso albergó tareas tercerizadas. “No descartamos más despidos”, advirtió la delegada Soledad Juárez, quien reclamó una respuesta urgente por parte de las autoridades provinciales.