El fiscal Adler brindó el contexto en que los 61 hechos juzgados fueron cometidos, entre los que se encuentran los secuestros y homicidios de los abogados laboralistas detenidos en la denominada como “Noche de las Corbatas”.
El denominado juicio “Cueva 3”, que tiene cuatro imputados en el banquillo de los acusados juzgados por distintos hechos de los 61 que llegaron a esta instancia, entró en su etapa de alegatos. El Ministerio Público Fiscal adelantó que se serán acusados Guillermo Emilio Nani, Miguel Ángel Ruiz y Eduardo Salvador Ullúa, mientras que se retirará la acusación sobre Juan José Banegas por la insuficiencia probatoria.
Durante la primera jornada de alegatos, el fiscal general Daniel Adler, contextualizó los crímenes de lesa humanidad que están siendo juzgados y realizó un repaso de las causas que tramitaron en la jurisdicción, en las que fueron condenados los principales mandos de las fuerzas armadas y policiales que actuaron en el plan sistemático de represión y exterminio que se desplegó en la Subzona militar 15.
En su alegato, Adler reparó que están siendo juzgados los eslabones medios de una estructura de mandos que comandó en la jurisdicción la denominada “lucha contra la subversión”. “No estamos en presencia de autores directos que hayan cometido los ilícitos de propia mano y tampoco se trata de los jefes máximos de las Fuerzas Armadas en la jurisdicción que han sido condenados con anterioridad y/o no han llegado a estar en juicio a causa de su fallecimiento o de su incapacidad sobreviniente”, apuntó el fiscal general.
En este sentido, reparó en que Ruiz fue auxiliar en la Sección Operaciones del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 601, que estaba a cargo de Alfredo Manuel Arrillaga, quien acumula condenas firmes y otras en revisión. Y que Nani fue Jefe de Batería Comando y Servicios y luego Jefe de Personal (S1) de la plana mayor del GADA 601. “Será inevitable contextualizar su rol a partir de las funciones cumplidas por los miembros del GADA 601 en los operativos que se desarrollaron en el marco de la denominada ‘lucha contra la subversión’”, indicó el representante del MPF.
Por otro lado, planteó que el camino recorrido por las sentencias dictadas en la jurisdicción Mar del Plata en la última década también deberá ser marco para el desarrollo de la responsabilidad penal que recae sobre el imputado Ullúa. El hombre, recientemente condenado a prisión perpetua como miembro de una asociación ilícita que operó en las vísperas del golpe de estado enmascarada en la CNU local, y como coautor del homicidio calificado de ocho víctimas, había estado prófugo de la Justicia. En este debate es acusado como civil colaborador en la inteligencia previa necesaria para cometer los hechos que se conocieron posteriormente como “la Noche de las Corbatas”, por los secuestros de abogados laboralistas.