Durante la asunción de sus nuevas autoridades, ABIN emitió un documento donde advierte que la medida del gobierno afecta el desarrollo de la industria naval local y reclama compromisos de construcción nacional.
La Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) renovó sus autoridades el pasado viernes y, en ese marco, emitió un documento crítico respecto a la decisión del gobierno nacional de permitir la importación de buques usados. Bajo el título “Una Excepcionalidad Necesaria de Revisar”, la entidad reforzó su histórica postura contraria a esta práctica y advirtió sobre los riesgos que implica para el futuro de la industria naval argentina.
Marcelo Domínguez fue electo como nuevo presidente de ABIN durante una asamblea que respetó todos los procedimientos formales, en la continuidad de los más de 20 años de trayectoria de la institución. Tras la votación, la asamblea ratificó de manera unánime un documento que reclama medidas para proteger la producción nacional.
El texto remarca que la importación de buques usados constituye una “anomalía” para cualquier país que tenga capacidad de fabricar estos bienes de capital. En particular, alertan que esta política, lejos de favorecer un desarrollo económico sostenible, ha contribuido en las últimas décadas al envejecimiento de la flota de bandera nacional y al deterioro de toda la cadena industrial naval.
Entre los puntos principales del pronunciamiento, ABIN plantea que:
La importación de buques usados debe ser una excepcionalidad limitada en el tiempo, que no supere los cinco años, para no desalentar la construcción nacional.
Se deben establecer compromisos claros de construcción en astilleros argentinos: por cada buque importado, uno debería ser construido en el país.
La Tonelada de Registro Bruto (TRB) debe ser la unidad de medida para definir esos compromisos, ya que es clave en materia tarifaria y fiscal.
Además, ABIN expresó su preocupación por los decretos 70/2023 y 273/2025, que desregulan aún más la actividad mediante la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU). Para la entidad, esta decisión profundiza los problemas del sector y exige una urgente revisión.
Finalmente, ABIN solicitó una nueva audiencia con las autoridades nacionales para presentar una propuesta que contemple compromisos efectivos de construcción nacional y permita reimpulsar la industria, beneficiando a astilleros, talleres, ingenierías y toda la cadena de valor naval.