A un año de la ratificación de la condena en la causa Vialidad, el gobernador bonaerense cuestionó con dureza al Poder Judicial y denunció una persecución política contra la expresidenta.
Al cumplirse un año de la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la denominada Causa Vialidad, el gobernador Axel Kicillof volvió a expresar su respaldo y aseguró que la exmandataria “es inocente y continúa injustamente detenida”.
A través de una publicación en la red social X, en la que además deshabilitó las respuestas, Kicillof sostuvo que la sentencia que recayó sobre la exjefa de Estado constituye “una enorme infamia” y apuntó contra sectores del Poder Judicial, a los que acusó de actuar en sintonía con intereses de poder y alejados del verdadero espíritu de la Justicia.
En ese marco, el mandatario provincial afirmó que Cristina Kirchner fue objeto de una extensa persecución que derivó en una condena que, según su visión, carece de pruebas concluyentes y se apoya en argumentos que calificó como jurídicamente inconsistentes. También remarcó que los hechos por los que fue condenada ni siquiera formaban parte de sus atribuciones directas.
Kicillof extendió además sus críticas al sostener que los mismos sectores que impulsaron la causa judicial también promovieron ataques contra el entorno familiar de la expresidenta y contribuyeron a generar un clima de violencia política. En esa línea, recordó el intento de asesinato que sufrió Cristina Kirchner y cuestionó la falta de avances en la investigación para determinar quiénes fueron los responsables intelectuales y financieros del atentado.
El gobernador interpretó la situación judicial de la exmandataria en un contexto político más amplio y vinculó esa ofensiva con el respaldo a un modelo económico que, según expresó, perjudica a la producción nacional, deteriora los ingresos de trabajadores y jubilados y profundiza la concentración de la riqueza.
Asimismo, responsabilizó al presidente Javier Milei por fomentar discursos de confrontación y por impulsar políticas que, a su entender, afectan los consensos básicos de la democracia.
“Frente a cada injusticia y a cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la responsabilidad de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, concluyó Kicillof.