El presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano, se pronunció sobre el proyecto de ley que busca regular el ingreso de productos de plataformas como Shein y Temu. Advirtió sobre la falta de controles en las importaciones y los riesgos económicos y sanitarios.
El avance de las grandes tiendas online en la Argentina, como Shein y Temu, volvió a encender la alarma en la industria textil nacional. En este contexto, el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano, respaldó la iniciativa que impulsa la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) para establecer una ley que equipare las condiciones entre la producción local y las plataformas extranjeras.
“El tema no es regular, sino poder competir en igualdad de condiciones”, subrayó Fasano, al remarcar que mientras las empresas locales soportan una fuerte carga impositiva y estrictos controles de calidad, las plataformas extranjeras logran sortear esas exigencias.
El dirigente apuntó directamente a la modalidad de ingreso de estas prendas al país: “Si un producto viene de una fábrica asiática y llega a tu casa por courier, no hay ningún tipo de control. Eso genera una desventaja económica y un problema de seguridad”, advirtió. En ese sentido, recordó que en Europa ya se detectaron casos de camperas con rellenos contaminantes, lo que exhibe la dimensión del riesgo sanitario.
En relación al borrador del proyecto que prevé controles de calidad a cargo de la ANMAT e impuestos como IVA e Ingresos Brutos, Fasano fue claro: “Nosotros pagamos el 42% de impuestos sobre las ventas, mientras que un proveedor chino tributa apenas el 20%. No pedimos privilegios, pedimos reglas parejas”.
El titular de la Cámara Textil también señaló a Radio 10 Mar del Plata que “todos los países del mundo aplican aranceles para proteger el empleo y garantizar recursos para salud, educación y seguridad”, y cuestionó que en la Argentina todavía se permita el ingreso irrestricto de plataformas que comercializan productos sin certificaciones de origen, auditorías ambientales ni controles de toxicidad.
El proyecto que encabeza la CIAI apunta justamente a establecer esas condiciones, con el objetivo de frenar la competencia desigual y resguardar tanto la industria local como a los consumidores argentinos.