La iniciativa de la Coalición Cívica no logró avanzar en la Comisión de Movilidad Urbana tras la falta de consenso en el propio oficialismo y la presión de representantes de taxis y remises.
El proyecto que buscaba eliminar las sanciones a conductores que trabajan en plataformas como Uber, Cabify o Didi volvió a fracasar en el Concejo Deliberante. La propuesta, presentada en enero por la Coalición Cívica, fue debatida nuevamente en la Comisión de Movilidad Urbana, pero quedó sin tratamiento efectivo debido a la falta de apoyo dentro del propio interbloque oficialista y la presión ejercida por el sector tradicional de transporte de pasajeros.
La iniciativa buscaba adecuarse a los recientes anuncios del Gobierno Nacional sobre la desregulación del transporte automotor de pasajeros, que permitirían a vehículos con seguro y Verificación Técnica Vehicular (VTV) prestar servicios de transporte. Sin embargo, el proyecto no logró consenso en la Comisión de Movilidad Urbana, presidida por el concejal Guillermo Volponi, quien accedió al pedido de la concejal de la Coalición Cívica, Angélica González, para incluirlo en el debate.
Representantes de taxis y remises se hicieron presentes en la comisión al conocer el tratamiento del expediente y presionaron para evitar que la medida prosperara. Al mismo tiempo, desde el interbloque oficialista hubo críticas internas por la decisión unilateral de incluir el tema en la agenda sin previo acuerdo entre los bloques.
Concretamente, apuntaron al presidente de la comisión, Guillermo Volponi, por no consultar al resto del oficialismo antes de dar lugar al pedido de González. Esto derivó en la falta de apoyo político, dejando el expediente nuevamente en comisión y sin perspectivas de avance.
El fracaso del proyecto pone de manifiesto las tensiones y desafíos para regular el uso de aplicaciones de transporte en Mar del Plata, en un contexto donde el Gobierno Nacional busca avanzar hacia una desregulación del sector. Por ahora, los conductores que utilizan estas plataformas continuarán expuestos a sanciones, mientras el debate sigue estancado por la falta de consenso político y la resistencia de sectores tradicionales del transporte.