El concejal opositor alertó que el acuerdo con la Universidad se prorrogará automáticamente si el Municipio no toma medidas antes de diciembre. Según detalló, de cada $100 recaudados por multas, apenas $24 ingresan a las arcas municipales, mientras que el 56% queda en manos de la institución y otro 20% va a la Provincia.
El concejal opositor Pablo Obeid reclamó que el gobierno municipal no renueve el convenio con la Universidad Nacional de San Martín para la implementación del sistema de fotomultas en Mar del Plata y avance con una licitación pública que permita modificar el esquema de distribución de los ingresos. Advirtió que, si el Ejecutivo no toma ninguna decisión antes del vencimiento, el acuerdo continuará automáticamente.
El planteo fue realizado durante una cuestión previa en la sesión del Concejo Deliberante, donde el edil puso el foco en los montos que recibe cada parte por las infracciones de tránsito. “Cada 100 pesos que pagan los infractores en concepto de las multas que cometen, solo el 24% es lo que ingresa a las arcas municipales y el 56% es lo que se queda la universidad. El otro 20% es de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.
Para dimensionar el impacto económico del convenio, Obeid tomó como referencia las proyecciones presupuestarias de 2026. Según indicó, el Municipio estimó ingresos por $1.400 millones durante este año y ya lleva recaudados unos $1.100 millones. A partir de esos números, calculó que la Universidad de San Martín se quedaría con más de $3.200 millones por los servicios vinculados al sistema.

“Es un montón de plata que está quedando en la universidad, que es plata de los vecinos y vecinas de Mar del Plata y que no va destinado al sinnúmero de deudas pendientes que quedan”, cuestionó el concejal.
Obeid también objetó el mecanismo mediante el cual se incorporaron las fotomultas durante la gestión del intendente Guillermo Montenegro, en 2021. “¿Decidió hacer una licitación transparente convocando a las principales empresas que operan en el sector? No, decidió traer a dedo a una universidad para de esa manera saltear la licitación”, afirmó.
Un vencimiento que exige una decisión
El convenio marco y el acuerdo específico entre el Municipio y la universidad fueron firmados el 21 de diciembre de 2021, con una vigencia de cinco años. De acuerdo con lo señalado por Obeid, el vencimiento llegará en diciembre de este año, pero las cláusulas contemplan la renovación automática si ninguna de las partes comunica su decisión de no continuar.
Por ese motivo, el concejal pidió que el Ejecutivo informe a la institución que no pretende extender el vínculo y convoque a una licitación para definir un nuevo esquema de prestación del servicio.
“Si no hacemos nada, se va a renovar un convenio que claramente es perjudicial para el municipio”, advirtió.
El edil recordó que el 1 de abril presentó un proyecto para solicitar información sobre el acuerdo y que el tema se abordó el 13 de abril en la Comisión de Movilidad, donde se requirieron informes que, según denunció, todavía no recibió.