Financiamiento Universitario: El Gobierno nacional estira el plazo para el cumplimiento hasta que defina la Corte

La Cámara de Apelaciones habilitó este jueves al Gobierno nacional a avanzar con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema en la causa vinculada a la ley de Financiamiento Universitario, una decisión que deja en pausa la medida cautelar vigente y posterga una definición de fondo hasta que intervenga el máximo tribunal. De esta manera, el Ejecutivo busca bloquear la aplicación de la norma mientras persiste el conflicto presupuestario con las universidades, que mantienen sus reclamos y preparan nuevas protestas.

La decisión fue adoptada por los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira, quienes hicieron lugar a la presentación del Estado en un expediente donde previamente la propia Cámara había respaldado al Consejo Interuniversitario Nacional mediante una cautelar que obligaba a cumplir con la ley.

En la resolución, el tribunal sostuvo que el fallo emitido el 31 de marzo de 2026 —que había ratificado la resolución de primera instancia del 23 de diciembre de 2025— no constituye una sentencia definitiva, por lo que correspondía admitir el recurso presentado por el Gobierno para que sea evaluado por la Corte Suprema.

No obstante, los magistrados rechazaron el argumento oficial de “gravedad institucional”, al considerar que la intervención del máximo tribunal no apunta a resolver una cuestión de interés institucional general, sino más bien una disputa patrimonial específica del Estado, sin que se haya probado una afectación concreta de derechos federales.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la resolución implica la suspensión de la aplicación de la cautelar hasta que exista un pronunciamiento definitivo de la Corte, lo que en los hechos frena momentáneamente la obligación del Ejecutivo de ejecutar la normativa.

La cartera encabezada por Sandra Pettovello recordó además que la Ley N° 27.775 fue promulgada mediante el Decreto 759/25, aunque su puesta en marcha quedó condicionada por la discusión sobre las fuentes de financiamiento, bajo el argumento de que su implementación plena podría comprometer el equilibrio fiscal.

En ese contexto, el Gobierno volvió a defender su postura al sostener que busca compatibilizar el sostenimiento del sistema universitario con el orden de las cuentas públicas, priorizando una distribución eficiente de los recursos estatales.

El próximo martes 12 de mayo se realizará la cuarta marcha federal en defensa de las universidades públicas en reclamo de la aplicación de la ley, actualización de salarios y financiamiento para la ciencia y las casas de altos estudios.