Los trabajadores mantienen su reclamo para que Milei aplique la ley de financiamiento universitario aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación. El 12 de mayo se realizará una nueva movilización en defensa de la universidad pública.
A siete días de la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir que se cumpla la ley de financiamiento sancionada y posteriormente ratificada por el Congreso, pero aún sin aplicación por parte del gobierno de Javier Milei, docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) difundieron una agenda de actividades destinada a exponer la profunda crisis que atraviesan las universidades públicas.
En ese marco, la próxima gran movilización en Mar del Plata tendrá lugar el martes 12 de mayo bajo la consigna “¡Milei, cumplí la ley!”, con una convocatoria abierta a toda la ciudadanía impulsada por estudiantes y docentes. Previamente, el lunes, las autoridades de la UNMdP brindarán una conferencia de prensa para oficializar la invitación y advertir sobre el complejo escenario presupuestario que afecta a la institución.
Como parte de las acciones previas, este miércoles y jueves la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) llevará adelante clases públicas en el complejo universitario de Funes y Peña, además de organizar “semaforazos” en la intersección de Independencia y Peña, junto con una campaña de pegatina de afiches para reforzar la visibilización del conflicto.
El deterioro salarial de docentes e investigadores se profundizó desde la llegada de la gestión libertaria, pero alcanzó un punto crítico tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, incluso después de que el Congreso volviera a respaldarla con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Pese a esa ratificación legislativa, el Poder Ejecutivo continúa sin ponerla en marcha.
La normativa, que aún debería encontrarse vigente, contempla una actualización de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios, ciencia, tecnología y programas de extensión, tomando como referencia la inflación acumulada entre 2023 y 2024, con retroactividad al 1 de enero de 2025. A su vez, para el año próximo prevé ajustes bimestrales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Asimismo, el proyecto incorpora una recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, también calculada sobre la inflación acumulada, para luego establecer incrementos mensuales según el IPC. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal estimado de esta medida representaría un 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).