Emergencia silenciosa: la advertencia de la especialista Jesica Machado ante la crisis en discapacidad

“El sistema está en emergencia, pero lo más grave es el silencio”, advierte Jesica Machado, terapeuta  marplatense y referente en discapacidad, al referirse al crítico panorama que atraviesan tanto los prestadores como las personas con discapacidad y sus familias. En un contexto marcado por la inacción estatal, la especialista pone en palabras lo que miles experimentan a diario: recortes, destrato y la amenaza constante a derechos básicos.

Desde hace siete meses, los aranceles para prestaciones no se actualizan. “Llevamos siete meses sin actualizaciones para 2024 y venimos con una pérdida del 250% frente a la inflación de años anteriores. No tenemos paritarias. Nuestros ingresos los define la Agencia Nacional de Discapacidad, que hace meses no responde”, explicó Machado en diálogo con LU9. La situación económica de quienes trabajan en el sector se deteriora día a día, mientras el Estado permanece ausente.

Pero el impacto trasciende lo económico. Machado denuncia una sistemática vulneración de derechos: “Hoy las obras sociales auditan de forma violenta. Llaman a las familias a sus casas a pedir datos personales, sin criterio médico. Recortan prestaciones que ya fueron aprobadas, lo cual es ilegal. Se violan derechos todos los días”.

En esa línea, remarcó que los traslados aprobados por las obras sociales se limitan a la escolarización o rehabilitación, dejando de lado actividades esenciales para el bienestar y la inclusión: “Como si la única función de una persona con discapacidad fuera recuperar lo orgánico. ¿Y la calidad de vida?”, cuestionó.

Frente a la desatención oficial, los prestadores sostienen un sistema que el Estado no logra cubrir. “Somos trabajadores vocacionales, sí. Pero también vivimos de esto. Si no podemos seguir prestando servicios, ¿quién los va a dar? El sistema público no tiene la capacidad de sostener lo que nosotros hacemos desde lo privado”.

En paralelo, se vive un momento bisagra. Días atrás, el Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida histórica celebrada por organizaciones, familias y profesionales. Sin embargo, la amenaza de veto por parte del presidente Javier Milei mantiene en vilo al sector.

“El destrato es evidente. La discapacidad representa apenas el 2% de la población, pero son ciudadanos de pleno derecho. No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo que no se vulneren derechos que ya fueron reconocidos”, concluyó Machado.