El Senado dio luz verde a la reforma laboral de Milei en medio de fuertes cruces y concesiones a la CGT

Tras una jornada maratónica y cargada de tensiones, el gobierno de Javier Milei logró que el Senado aprobara en términos generales la reforma laboral, una de las iniciativas centrales de su programa económico y político. El resultado fue de 42 votos a favor y 30 en contra, con un rechazo mayoritariamente aportado por el peronismo y dos senadores santacruceños.

Para reunir los respaldos necesarios, la Casa Rosada debió ceder en puntos sensibles para el sindicalismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habilitó la continuidad del aporte obligatorio a los sindicatos y mantuvo el porcentaje destinado a las obras sociales, dos reclamos que la CGT había puesto como condición para no romper del todo los puentes. Sin embargo, el oficialismo preservó el corazón del proyecto: la creación de un fondo de indemnización con recursos de la ANSES, la eliminación de la ultraactividad de los convenios, la prioridad de los acuerdos por empresa y la derogación de estatutos laborales.

Aunque los gremios lograron retener herramientas clave para su financiamiento y funcionamiento, el texto que avanza incluye cambios que impactan de lleno en derechos históricos. Entre ellos, la modificación de regímenes de licencias y la ampliación del listado de actividades consideradas “esenciales”, lo que restringe el ejercicio del derecho de huelga.

El debate dejó fuertes cuestionamientos al procedimiento. El senador puntano Fernando Salino advirtió que la norma nacerá rodeada de litigios judiciales debido a que, a minutos de la votación, todavía no estaba claro qué versión del proyecto se iba a aprobar. En la misma línea, José Mayans denunció un manejo arbitrario de las comisiones y una avalancha de cambios de último momento que, según dijo, violaron el reglamento de la Cámara.

Bullrich defendió la iniciativa como una respuesta concreta a la crisis del empleo y reivindicó la flexibilización de los convenios y la negociación por empresa. Desde la oposición, Mariano Recalde calificó el proyecto de “revanchista” y recordó que medidas similares incluidas en la Ley Bases no lograron crear nuevos puestos de trabajo.