La UFI N°10 de Delitos Económicos convocó a declarar a ediles de Unión por la Patria y Acción Marplatense. La denuncia apunta a posibles irregularidades en la concesión del Estadio Minella, el Polideportivo y los espacios comunes del Parque de los Deportes.
La investigación judicial sobre la licitación del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque de los Deportes sumó un nuevo capítulo. La Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Delitos Económicos convocó a prestar declaración testimonial a cuatro concejales de la oposición que participaron del debate y votaron en contra de la adjudicación de esos espacios a la firma Minella Stadium S.A,
Los citados son Diego García y Valeria Crespo, de Unión por la Patria, y Horacio Taccone y Gustavo Pulti, de Acción Marplatense. La medida se enmarca en la denuncia presentada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, quien solicitó investigar posibles irregularidades en el proceso de concesión.
En su presentación, Pettigiani pidió que se determine si pudieron haberse configurado los delitos de administración fraudulenta agravada por perjuicio a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre los puntos planteados, el fiscal señaló la necesidad de verificar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa adjudicataria.
Minella Stadium S.A., integrada por el grupo brasileño Revee y la firma argentina Pro Enter, había anunciado una inversión de 40 millones de dólares durante los 30 años de concesión, además de un esquema de realización de eventos deportivos y espectáculos tanto en el estadio como en el Polideportivo.
Sin embargo, según la denuncia, aún persisten interrogantes sobre la ejecución de las obras comprometidas, los detalles del proyecto definitivo y las condiciones del contrato suscripto con el municipio.
Otro de los ejes de la investigación está vinculado con la situación de Revee y su relación con REAG, grupo financiero mencionado en Brasil en el marco del denominado «Caso Banco Máster». A partir de ello, Pettigiani planteó la necesidad de establecer si el municipio realizó las verificaciones correspondientes sobre la solvencia del concesionario y el origen de los fondos comprometidos para financiar el proyecto.
En ese contexto, el fiscal reclamó avanzar con la investigación al considerar que podría encontrarse comprometido el patrimonio público del Partido de General Pueyrredon.