A través de un proyecto de ordenanza, el Ejecutivo solicitó al Concejo Deliberante extender las autorizaciones de uso y explotación hasta el 30 de abril de 2027.
El gobierno municipal busca renovar los permisos precarios de uso y explotación de seis Unidades Turísticas Fiscales (UTF) de Mar del Plata de cara a la temporada de verano 2026/2027. La iniciativa fue elevada, al final de la semana pasada, al Concejo Deliberante mediante un proyecto de ordenanza que propone extender las autorizaciones desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de abril de 2027.
La solicitud alcanza a Piletas Punta Iglesia, Playa Bristol Popular, Punta Cantera I, Playa Escondida, Balneario Punta Iglesia y Playa Acevedo. En todos los casos, se plantea mantener transitoriamente a los actuales responsables de la explotación, cuyas concesiones o permisos anteriores vencieron al finalizar la temporada 2025/2026.
El proyecto establece que la renovación no implica el reconocimiento de derechos adquiridos ni otorga preferencias a los actuales ocupantes ante eventuales llamados a licitación pública.
En cuanto a los responsables de cada espacio, las ex Piletas de Punta Iglesia continuarían bajo la órbita del Club de Jubilados y Pensionados Punta Iglesia; la Bristol Popular, a cargo de Ítalo Antonio Ravasio; Punta Cantera I, de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA); Playa Escondida, de la Asociación Naturista del Sur; el Balneario Punta Iglesia, de Balena Argentina S.A.; y Playa Acevedo, de Gustavo Javier Di Nezza.
En materia económica, el proyecto contempla un permiso gratuito para el club de jubilados, mientras que los otros cinco espacios deberán pagar un canon determinado por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). El importe tomará como referencia lo abonado en la temporada anterior, actualizado según la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. El vencimiento del pago será el 1 de febrero de 2027.
La propuesta también establece garantías contractuales y faculta al Ejecutivo a revocar las autorizaciones ante incumplimientos. El expediente deberá ser tratado ahora por el Concejo Deliberante.