La administración de Javier Milei decidió postergar la actualización de impuestos para evitar un nuevo salto en las naftas. La medida llega en medio de tensiones en el transporte y advertencias por el impacto en la logística.
En un contexto de fuerte presión sobre los precios por la suba internacional del petróleo, el Gobierno nacional resolvió intervenir indirectamente en el valor de los combustibles al diferir una actualización impositiva clave. La decisión apunta a amortiguar el impacto en surtidores, donde los precios ya superan niveles elevados en varias regiones del país.
La medida quedó formalizada a través de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, mediante el cual se reprogramó para mayo el ajuste correspondiente al impuesto sobre los combustibles líquidos que debía aplicarse en abril. De esta manera, se interrumpe momentáneamente el esquema de incrementos periódicos atados a la evolución inflacionaria.
Desde el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, justificaron la decisión en la necesidad de sostener la actividad y evitar que un nuevo incremento en los costos energéticos termine trasladándose al resto de la economía. En esa línea, señalaron que el objetivo es mantener un sendero fiscal ordenado sin profundizar el impacto en precios sensibles.
La resolución se conoce en un momento delicado: empresas del transporte público automotor ya advirtieron que podrían recortar servicios ante la imposibilidad de afrontar el costo del combustible, mientras que referentes del sector logístico alertaron por riesgos en la cadena de abastecimiento.
No se trata, sin embargo, de la primera acción oficial para contener los valores. Días atrás, la Secretaría de Energía avanzó con cambios normativos para permitir una mayor proporción de biocombustibles en las mezclas, una alternativa que busca reducir la dependencia del petróleo y moderar las variaciones de precios.
Aunque desde el Gobierno insisten en que no hay una intervención directa sobre el mercado, lo cierto es que las medidas adoptadas reflejan una creciente preocupación por el impacto de los combustibles en la inflación y en el funcionamiento de sectores clave de la economía.