El fiscal Pettigiani denunció irregularidades en la concesión del Minella: “No hubo una administración idónea”

El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en la concesión del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes, y solicitó que se determine la posible comisión de los delitos de “administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según explicó, la presentación surgió a partir de distintas inquietudes planteadas por actores vinculados a la vida pública de Mar del Plata y del análisis de información periodística y documentación relacionada con el proceso licitatorio.

Pettigiani señaló que los elementos reunidos le permitieron advertir indicios de que la licitación “no habría satisfecho los fines para los cuales fue llevada adelante” y sostuvo que “algunos funcionarios municipales que debían intervenir en la toma de decisiones no habrían contado con información clave sobre el desarrollo del proyecto”.

Entre los aspectos cuestionados, el fiscal puso el foco en el supuesto incumplimiento de obras comprometidas por la empresa adjudicataria. “Frente a la inexistencia de obras que deberían haber existido y a las que la empresa se había comprometido, entendimos que correspondía impulsar una investigación”, afirmó en diálogo con La voz del Estadio.

Además, remarcó que uno de los puntos más sensibles de la denuncia está relacionado con el respaldo económico de la firma concesionaria. En ese sentido, pidió que se analice si los activos destinados a sostener la inversión comprometida podrían estar vinculados con fondos de origen ilícito.

Pettigiani mencionó que existe una investigación en Brasil sobre empresas relacionadas con el grupo adjudicatario y sostuvo que un informe del Banco Central de ese país derivó en la liquidación de una de las compañías controlantes vinculadas a la sociedad que obtuvo la concesión.

“Lo que más debería preocuparnos es determinar si la sostenibilidad de la empresa está respaldada por sociedades vinculadas a maniobras de lavado de dinero”, advirtió.

La denuncia quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación sobre el proceso de concesión impulsado por el Municipio.