El Consejo para la Prevención de las Violencias aseguró que continuará con el monitoreo luego del desalojo de Guernica

Desde el Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL), creado el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, informaron que participaron activamente en torno a la problemática de la toma de tierras en Guernica. “Amén de velar por los derechos humanos de las personas que se encontraban en el predio, hemos manifestado en forma enérgica nuestro rechazo a que la temática de tierras y acceso justo al hábitat trámite ante el fuero penal”, indicaron.

El dispositivo involucró a 396 trabajadores, y fueron asistidas 3.296 familias (2.500 familias por fuera de la toma pudieron acceder a derechos por vía de las ventanillas de ANSES, RENAPER, Migraciones y Salud). A su vez, se realizó un censo del que participaron 1.904 personas, y a instancias del que se firmaron 724 actas-compromiso para la posterior relocalización. En paralelo, desde el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires se lanzó el “Plan de Hábitat, Suelo y Vivienda 2020-2023” por el que se creó la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda con miras a coordinar las políticas de generación de suelo urbano y desarrollo de soluciones habitacionales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Este jueves se llevó adelante el desalojo, con participación activa de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Parte de los organismos y organizaciones que componen el CROPEVIOL han intervenido, a requerimiento del Poder Judicial, en carácter de veedores. “En dicho sentido, nos encontramos realizando una evaluación exhaustiva del procedimiento y las acciones desplegadas por la policía, velando por la integridad y los derechos de las personas que resultaron aprehendidas, e interactuando con las diversas agencias estatales involucradas en miras a que se brinde una respuesta a las familias desalojadas, y se dé efectivo cumplimiento a las acciones a adoptar por el Estado provincial”, manifestaron.

“Reiteramos que la gestión multiagencial, pacífica y comprensiva de la problemática de tierra y vivienda, debe estar a lo reglado por la Ley 14.449 y la Constitución de la provincia de Buenos Aires, y exenta de la intervención del fuero penal. Tal como ha quedado de manifiesto sólo la articulación política en sus distintos niveles puede conducir en forma idónea a la resolución de cuestiones con múltiples aristas de complejidad, en los que se exhibe con crudeza la interseccionalidad de las condiciones de vulnerabilidad. Solicitamos, además, que se retomen los diálogos y negociaciones en afán de alcanzar soluciones estructurales y sustentables en el tiempo”, concluyeron.