"Observamos incompatibilidad en cuanto a los objetivos y funciones para los que fue creado el CIC hace ya más de 12 años", expresó el Consejo de Niñez y Adolescencia a través de un comunicado. El intendente Montenegro pretende instalar una sede de la fuerza policial en el edificio de Rauch y Santa Cruz.
El Consejo Local de Niñez y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se sumó a la postura de rechazo que instaló el bloque de concejales del Frente de Todos ante la instalación de una sede de la Unidad Táctica de Intervenciones Inmediatas (Utoi) sobre las mismas instalaciones del barrio Malvinas Argentinas donde actualmente funciona un Centro de Integración Comunitaria (CIC).
«Observamos incompatibilidad en la decisión del intendente Montenegro en cuanto a los objetivos y funciones para los que fue creado el CIC hace ya más de 12 años», expresó el Consejo de Niñez y Adolescencia a través de un comunicado.
Desde el espacio insistieron en que «la concepción original de la creación del CIC como espacio de fortalecimiento de participación comunitaria se ve avasallada en el caso en que dicho grupo de tareas de la policía tenga presencia» en las instalaciones del edificio de Rauch y Santa Cruz.
«Resulta intimidante la presencia de la Utoi para las personas, y en especial para los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que frecuentan el lugar», consideraron, e instaron: «Solicitamos que se revea esta decisión y que se considere importante la continuidad de la implementación de la ley de Promoción y Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes».
El Consejo de Niñez fue creado con el propósito de establecer un marco para el desarrollo de políticas públicas sociales, vinculado con la concreción de programas y servicios que aseguren la efectiva protección de los derechos de los niños.
Y en la misma sintonía se expresaron desde la Central de Trabajadores de la Argentina: «Esta decisión unilateral e inconsulta, que no hace parte de ella a la comunidad que la padecerá, resulta demostrativa de una visión política que revictimiza y criminaliza la pobreza, toda vez que además de resultar lesiva al funcionamiento de aquellos programas destinados a proteger a la población vulnerable instala dispositivos represivos que no están concebidos para abordar el delito desde un enfoque centrado en la prevención».